Las consecuencias económicas y sanitarias de la pandemia de COVID-19 situaron a los gobiernos del mundo ante un desafío sin precedentes: enfrentar numerosas demandas urgentes y, al mismo tiempo, administrar los recursos de una forma eficaz y equitativa. Los estados nacionales tuvieron que reorientar sus presupuestos a la aplicación de medidas fiscales de emergencia. Y eso provocó, en muchos países, situaciones de desigualdad y falta de transparencia.

El International Budget Partnership (IBP), con sede en Washington, realizó una evaluación en 120 países entre marzo y septiembre del año pasado. Allí indagó sobre cómo las maquinarias estatales redistribuyeron los recursos e informaron sobre los diferentes programas creados para mitigar los efectos de la pandemia. El Gobierno nacional no logró pasar el examen: el organismo cuestionó su comportamiento en la aplicación del Ingreso Federal de Emergencia (IFE) y la Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP).

Según consta en la presentación, el IBP seleccionó estos dos programas por tratarse de las políticas más importantes en términos de participación en el gasto público. “Mientras que el IFE representó el 75% del total de Gasto Social, el ATP significó el 63% del gasto en el Sector Privado, y, en conjunto, representaron el 51% del total de las medidas implementadas en respuesta a la crisis con impacto presupuestario”, destacaron.

“Nuestro objetivo no era solo evaluar cómo les fue a los gobiernos, sino generar lecciones sobre cómo pueden responder mejor, tanto a la crisis actual de la COVID-19 como a las futuras. Nuestra investigación se centró en los tres pilares fundamentales: acceso público a información relevante, mecanismos de vigilancia adecuados y oportunidades para la participación ciudadana”, detallaron.

La evaluación arrojó que la rendición de cuentas en Argentina fue “limitada”, al igual que en otros 54 países de los 120 evaluados. La información publicada sobre los fundamentos de las estimaciones originales y el impacto en las y los beneficiarios -entre otros datos relevantes- del ATP y el IFE fue “escasa”, mientras que la vigilancia por parte del Poder Legislativo y las oportunidades de participación ciudadana en la definición y el monitoreo de dichas políticas, fueron “mínimas”.

Según el IBP, en el camino urgente a la implementación de programas fiscales para responder a la problemática del COVID-19, los gobiernos suelen eludir las legislaturas y relajar los procedimientos de adquisiciones, entre otras conductas que retratan una falta de transparencia. “Si bien esos ‘atajos’ pueden parecer justificables, dadas las enormes incertidumbres que rodean a la pandemia y la necesidad de responder con rapidez, hacen más difícil que los ciudadanos y sus representantes comprendan lo que están haciendo realmente los gobiernos y cuán efectivos son para abordar el impacto de la COVID-19 en la salud y la economía”, ampliaron desde el organismo.

El 15 de abril del año pasado, cuando la pandemia avisaba que había llegado para quedarse, Kristalina Georgieva, directora del FMI, lanzó una sugerencia a los diferentes gobiernos y bancos centrales: “Gasten cuanto puedan, pero guarden los recibos”. El relevamiento de la IBP sugiere que la mayoría de los países no le hicieron caso.

“La encuesta mide la transparencia de los paquetes fiscales implementados por los estados el año pasado para enfrentar los impactos socioeconómicos de la pandemia, y muestra que los gobiernos no lograron gestionar sus respuestas fiscales a esta crisis de una forma transparente”, precisó en diálogo con TN.com.ar Julieta Izcurdia, abogada y coordinadora del programa Justicia Fiscal de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), socio local de la IBP y a cargo de la medición en la Argentina.

“Lo que buscamos con esta evaluación es generar mejores prácticas de transparencia presupuestaria y de rendición de cuentas, porque entendemos que el acceso a información detallada de la forma en que el Estado maneja los fondos públicos es indispensable para monitorear sus acciones estatales”, profundizó Izcurdia. Y agregó: “Esto cobra muchísima relevancia en contextos de crisis como el que estamos viviendo, porque golpea desproporcionadamente a las personas que más necesitan de esa intervención estatal para enfrentar este momento, a partir del acceso a un piso mínimo de ingresos y servicios que permitan a estas personas vivir con dignidad”.