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EL INSÓLITO PARO DE CTERA EN CAPITAL Y LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

 

En apoyo a la “criminalización” (así la llaman) de un gremialista que prendió fuego a la Legislatura de Chubut, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) convocó a un paro nacional docente para el próximo hoy miércoles 10 de agosto.

Santiago Goodman, exsecretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut, fue declarado culpable por “incendio gravoso” durante una manifestación de septiembre de 2019.

Ante esta exposición tribunalicia, el sindicato se manifestó en contra de la “judicialización de la protesta social y la condena a Santiago”. Justifican su decisión dado que el incendio tuvo lugar “luego de una manifestación pacífica de los sectores sindicales y sociales”, en ocasión de que las docentes Jorgelina y María Cristina murieron en un accidente después de una movilización.

Angelica Graciano, secretaria general de la Unión de Trabajadores de la Educación, había señalado que “el miércoles no habrá clases en todo el país”, dado el paro nacional que días atrás determinó la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina.

A radio La Patriada, aseguró: “Tenemos derecho a reclamar”, y en esa línea agregó: “Estamos rechazando cualquier tipo de persecución a los dirigentes sindicales” por que está “muy grave la situación institucional de Chubut”.

Siguió narrando que “nuestros jubilados docentes solo han recibido un 9 por ciento de aumento en el mes de marzo”, por lo cual “tenemos la próxima cuota en septiembre y desde abril estamos pidiendo que se la adelante, y no nos dan respuesta”.

En un comunicado, CTERA expresó que se trata de “una causa armada, con espionaje ilegal, en medio de una situación social grave en la provincia con atraso de salarios de dos y tres meses, con un ajuste salvaje”.

En este sentido, el gremio reclama la apertura de las paritarias provinciales, la trimestralización y aumento de emergencia a los jubilados docentes nacionales y la resolución de los conflictos gremiales en Mendoza, Santa Fe, San Luis y Corrientes.

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