Peritos de la Corte Suprema actualizaron el monto del perjuicio económico causado por el esquema de corrupción en la obra pública en Santa Cruz, por el cual fue condenada la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner junto a otros ocho imputados. Según el nuevo informe, los condenados deberán devolver $684.990 millones al Estado argentino (unos 540 millones de dólares al cambio actual).

Este monto actualiza la cifra de $85 mil millones fijada originalmente en la sentencia de 2022, utilizando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC y criterios contables profesionales. La actualización fue elaborada por peritos oficiales y del Ministerio Público Fiscal, y ahora será evaluada por el Tribunal Oral Federal N° 2, que dictó la condena.

Los condenados

Además de Cristina Kirchner, quien cumple arresto domiciliario, también fueron condenados:

• Lázaro Báez (empresario beneficiado con el 86% de las obras)

• José López (ex secretario de Obras Públicas)

• Nelson Periotti (ex director de Vialidad Nacional)

• Juan Carlos Villafañe

• Raúl Pavesi

• Mauricio Collareda

• José Santibáñez

• Raúl Daruich

El delito y sus consecuencias

La causa determinó un esquema de corrupción estructural, que funcionó entre 2003 y 2015 mediante la adjudicación irregular de 51 contratos viales a empresas de Báez. Se comprobó la existencia de:

• Sobreprecios del 64%

• Cartelización de licitaciones

• Pagos por obras no realizadas

• Desvío de fondos públicos en favor de intereses privados

El fallo de segunda instancia calificó el hecho como un acto de corrupción “sin precedentes”, ejecutado desde la cúpula del Poder Ejecutivo Nacional.

¿Qué pasa si no pagan?

Una vez evaluado el informe, el tribunal intimará a los condenados a depositar el dinero en un plazo de 10 días. Si no lo hacen, se ejecutarán los embargos ya dispuestos en la causa. Entre los bienes embargados se incluyen:

• 25 inmuebles cedidos por Cristina Kirchner a sus hijos

• Fondos en cuentas y cajas de seguridad

• Acciones de Hotesur, Los Sauces y COMA S.A.

• Más de 130 propiedades a nombre de Báez

• Vehículos, cuentas bancarias y acciones empresarias

Destino del dinero recuperado

Por ley, los fondos recuperados pasarán al presupuesto del Poder Judicial. Sin embargo, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron que se destinen a obras sociales, como salud, educación, vivienda o infraestructura, para reparar el daño al Estado y a la ciudadanía.

Lo que viene

Tras esta etapa, se avanzará con la ejecución del decomiso. Además, Cristina Kirchner enfrenta otras causas, como Los Cuadernos de las Coimas y el caso Hotesur–Los Sauces, actualmente en etapa de peritajes y próximos al juicio oral.

¿Pagará? El patrón del poder frente a la Justicia

En Argentina, los condenados por corrupción en la cúspide del poder político raramente pagan, al menos en forma voluntaria o inmediata. Basta con repasar casos como:

• Carlos Menem, condenado por contrabando de armas (y sobreseído en causas de enriquecimiento ilícito): nunca pagó las reparaciones económicas.

• Julio De Vido, condenado y encarcelado, conserva bienes y propiedades sin que se haya ejecutado un decomiso proporcional al daño causado.

• En causas vinculadas a José López, incluso con dinero en efectivo secuestrado (los famosos bolsos con USD 9 millones), el Estado tardó años en recuperar y redirigir esos fondos.

En el caso de Cristina Kirchner, la situación es compleja:

• Tiene recursos económicos significativos bajo su control o el de sus hijos.

• Ha demostrado históricamente una estrategia dilatoria judicial: recusaciones, apelaciones, planteos de nulidad y denuncias por “lawfare”.

• Actualmente cumple una condena con arresto domiciliario pero aún no se ha ejecutado ninguna sentencia económica en firme.

Conclusión parcial: Es poco probable que Cristina Kirchner pague voluntariamente. El pago —si ocurre— dependerá casi exclusivamente de la capacidad judicial para ejecutar embargos y convertir bienes en dinero líquido, lo que históricamente ha sido lento y parcial en Argentina.

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¿Cuándo podría ocurrir el pago?

Aunque la cifra ya fue actualizada, el plazo inmediato para pagar es de 10 días tras la intimación formal del tribunal. Pero eso es solo el punto de partida legal.

En la práctica, es probable que:

• Se presenten nuevos dictámenes periciales de parte, lo que puede retrasar la decisión.

• Haya presentaciones de inconstitucionalidad, apelaciones y recusaciones por parte de la defensa.

• Haya dificultades técnicas y políticas para liquidar activos como inmuebles, empresas o participaciones societarias.

Si el tribunal avanza con firmeza, una primera ejecución parcial podría darse a fines de 2025 o 2026. Sin embargo, la recuperación total del dinero —si ocurre— podría llevar años, tal como ocurrió con otros decomisos (como los fondos de Ricardo Jaime, Báez, López o Milani).

 ¿Ese dinero beneficiará realmente al país?

La ley vigente establece que los fondos decomisados van al Presupuesto del Poder Judicial, salvo que haya una decisión específica de reasignación social. Esto ya generó controversias en el pasado:

• El dinero de los bolsos de José López estuvo años en una cuenta judicial sin uso social concreto, hasta que por presión pública fue asignado parcialmente a hospitales.

• Las causas de corrupción de obra pública rara vez terminan con resarcimiento real para las comunidades afectadas: rutas sin terminar, escuelas fantasmas o viviendas no entregadas quedan sin reparación directa.

En este caso, los fiscales Luciani y Mola solicitaron que los fondos se destinen a salud, educación e infraestructura. Sin embargo, para que eso ocurra, es necesario:

• Que haya una acordada de la Corte Suprema autorizando una redistribución.

• Que el Poder Ejecutivo no obstaculice la ejecución presupuestaria.

• Que se garantice transparencia y trazabilidad del uso de esos fondos.

Conclusión parcial: Si el dinero se recupera —algo que no es seguro— su impacto dependerá enteramente de decisiones políticas e institucionales posteriores. No hay garantía de que llegue al ciudadano común.