En un nuevo capítulo del proceso de desregulación que impulsa el Gobierno nacional, el diputado del PRO Alejandro Bongiovanni presentó un proyecto de ley que promete sacudir al sector inmobiliario. Bajo el nombre de “Ley de libertad inmobiliaria”, la iniciativa plantea eliminar la obligatoriedad de título universitario y matrícula profesional para ejercer como corredor inmobiliario en todo el país. De aprobarse, permitiría que cualquier persona pueda operar libremente en el mercado, sin límites geográficos, sin inscripción en registros ni cámaras profesionales, y con libertad para negociar comisiones sin aranceles mínimos.

El objetivo, según explicó Bongiovanni, es devolver a la intermediación inmobiliaria su carácter comercial y sacarla del encuadre de una profesión regulada. “El ámbito comercial es el natural para este tipo de actividad. No tiene sentido que sigamos sometiendo a los operadores a requisitos innecesarios que solo restringen la competencia”, afirmó el legislador, quien además se mostró crítico con el rol de los colegios profesionales. “No me gustan demasiado. Y en el caso del inmobiliario, lo veo como un problema. Mantienen un monopolio que impide el ingreso de nuevos actores”, sostuvo.

El proyecto, sin embargo, no tardó en generar fuertes reacciones. Desde la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), su presidenta Nancy Vieitez manifestó una firme oposición y alertó sobre los posibles efectos negativos para los consumidores. Para la entidad, eliminar los controles podría abrir la puerta a una ola de fraudes, deteriorar la calidad del servicio y fomentar una competencia desleal que perjudicaría tanto a profesionales establecidos como a los propios compradores y vendedores.

Lejos de quedarse solo en la crítica, la CIA presentó una propuesta alternativa que busca modernizar el sector sin eliminar garantías. Su plan incluye la creación de un Registro Nacional sin límites jurisdiccionales, la implementación de un sistema de colaboración MLS entre agencias, y la legalización de figuras auxiliares dentro del rubro que podrían actuar como monotributistas, siempre bajo supervisión profesional. Con estos cambios, aseguran, se podría mejorar la transparencia y abrir el mercado sin caer en la informalidad.

El debate sobre la regulación del mercado inmobiliario no es nuevo. A comienzos del año, desde el Gobierno nacional ya habían circulado versiones sobre un posible paquete de medidas en esa línea. Aunque por ahora no se ha avanzado con un proyecto formal, fuentes del área económica habían reconocido que se analizaban cambios normativos para estimular la competencia, facilitar el ingreso de nuevos operadores y reducir los costos asociados a las operaciones inmobiliarias.

La propuesta de Bongiovanni, alineada con esa visión, parece marcar el primer intento concreto de avanzar en ese sentido desde el Congreso. Pero también pone sobre la mesa una discusión más profunda sobre el rol del Estado, la necesidad de regulaciones y los límites de la desregulación en un sector clave de la economía.

Mientras tanto, el proyecto ya comenzó a dividir aguas entre quienes ven en él una oportunidad para liberar el mercado y quienes temen que detrás de la libertad prometida se esconda un terreno fértil para la informalidad, el oportunismo y la pérdida de confianza del público.