La reciente revelación sobre una posible filtración de información clave relacionada con la causa judicial por la estatización de YPF provocó un fuerte sacudón en el Gobierno nacional. Según trascendió, habría existido la venta de datos sensibles desde la Procuración del Tesoro hacia litigantes que enfrentan al Estado argentino en tribunales internacionales, un hecho que generó una respuesta inmediata: el Ejecutivo inició una auditoría interna y dispuso una profunda reestructuración en el organismo encargado de representar jurídicamente al Estado.
El presidente Javier Milei firmó un decreto que modificó la estructura de la Procuración y oficializó la desvinculación de 60 empleados, lo que equivale a una reducción cercana al 25% de su plantilla, según datos del INDEC. La decisión se habría adelantado luego de que el medio Infobae publicara detalles sobre la presunta filtración.
Reestructuración silenciosa en un contexto de máxima reserva
Desde Casa Rosada reconocen que la Procuración del Tesoro es una de las áreas más sensibles del Estado, ya que interviene en causas multimillonarias, como la que enfrenta al país con el fondo Burford Capital por la estatización de YPF. Por eso, la reacción fue inmediata. El nuevo procurador, Santiago Castro Videla, reemplazante de Rodolfo Barra, encabezó la depuración interna con el aval del Ejecutivo.
En un contexto de hermetismo absoluto, se informó que la Dirección Nacional de Auditoría y la de Sumarios e Investigaciones Administrativas fueron fusionadas en una nueva dependencia unificada. Además, se disolvió la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado, que fue reemplazada por una coordinación jerárquicamente inferior llamada Centro para el Fortalecimiento de la Abogacía Pública (CEFAP).
También se modificaron otras unidades: la Coordinación de Recursos Humanos pasó a denominarse Coordinación de Desarrollo Humano, mientras que Gestión Informática fue renombrada como Tecnología y Soporte. Estas medidas, según fuentes oficiales, buscan modernizar la estructura y garantizar una mayor transparencia en la gestión interna del organismo.
Investigación en curso y auditorías posibles
Aunque desde el Gobierno evitaron brindar detalles sobre la presunta filtración —qué información fue vulnerada, quiénes habrían participado o cómo se detectó—, sí confirmaron que hay una investigación interna en marcha. Entre las opciones que se analizan, se contempla la intervención de organismos externos como la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), especializada en casos de corrupción y dependiente del Ministerio Público Fiscal.
La sospecha, según fuentes de peso en el Ejecutivo, apunta a que la información podría haber llegado a manos del fondo Burford, que encabeza la demanda contra Argentina en Nueva York. El nombre de Gerardo “Gerry” Mato, ex ejecutivo del HSBC y actual operador del fondo, circula en conversaciones internas como posible beneficiario de la filtración.
Mientras tanto, el Gobierno profundiza el control sobre la Procuración. La gestión de Castro Videla impulsa una nueva política de seguridad de la información y avanza con una renovación del personal que había sido designado bajo mandatos anteriores, especialmente durante la conducción de Rodolfo Barra.
Aunque los cambios no se comunicarán oficialmente hasta que se publiquen en el Boletín Oficial, la magnitud del caso ya impacta en el esquema interno del Gobierno. La combinación entre sospechas de corrupción, pérdida de información estratégica y un millonario litigio internacional, convierte a este escándalo en uno de los más delicados que enfrenta la actual gestión.
