El cuerpo tendrá facultades extraordinarias para indagar responsabilidades en la crisis sanitaria, que dejó casi un centenar de muertes vinculadas a opioides adulterados.
Alcance de la investigación
La comisión investigará todos los casos confirmados, probables y sospechosos relacionados con opioides adulterados, con un seguimiento desagregado por fecha, jurisdicción, instituciones involucradas y estado clínico de los pacientes.
Uno de sus principales objetivos será reconstruir la cronología del brote, identificar alertas sanitarias y evaluar la respuesta de organismos como el Ministerio de Salud y la ANMAT, además de examinar el rol de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., señalados por irregularidades en la producción.
Víctimas y contexto judicial
La crisis, atribuida a fentanilo contaminado con bacterias producidas por HLB Pharma Group S.A., propiedad de Ariel García Furfaro —detenido en la causa—, ya está siendo investigada en el fuero federal de La Plata por el juez Ernesto Kreplak. El expediente suma 17 imputados, seis de ellos con prisión preventiva, y está vinculado a 96 muertes.
Familiares de las víctimas acompañaron el debate parlamentario y reclamaron el esclarecimiento de las responsabilidades estatales y privadas.
Facultades y limitaciones
La Comisión podrá:
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Requerir informes y documentación a entidades públicas y privadas.
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Convocar a funcionarios, expertos y testigos.
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Solicitar peritajes técnicos a universidades y organismos científicos.
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Difundir públicamente sus actuaciones, protegiendo la identidad de los denunciantes si corresponde.
Aunque sus atribuciones son amplias, la Comisión no podrá ordenar allanamientos ni secuestros de documentación por sí misma, debiendo recurrir al Poder Judicial en esos casos.
Composición y funcionamiento
El cuerpo estará integrado por 31 diputados, en proporción a la representación de cada bloque. Su mandato se extenderá hasta el 9 de diciembre de 2025.
En su estructura interna se designará una presidencia, vicepresidencia y secretaría, con la asistencia permanente del Observatorio de Víctimas de Delitos. También podrá convocar a audiencias públicas y consultas técnicas.
La diputada Silvana Giudici (PRO) fue la principal impulsora de la iniciativa, acompañada por proyectos de otros legisladores, entre ellos Victoria Tolosa Paz (Fuerza Patria).
Un debate que trasciende la coyuntura
El proyecto aprobado resalta que la circulación de medicamentos adulterados representa un grave riesgo para la salud pública y constituye un atentado contra el derecho a la vida y la integridad física.
Además, la Comisión deberá dejar un informe final con recomendaciones legislativas y de política pública para prevenir episodios similares, reforzando la trazabilidad, fiscalización y controles sanitarios en todo el país.
