El Gobierno reglamentó la ley de Inocencia Fiscal, aprobada por el Congreso el 26 de diciembre, y puso en marcha un nuevo esquema tributario que modifica el régimen de control, reduce la persecución penal y habilita un blanqueo de hecho. La norma entró en vigencia tras su publicación en el Boletín Oficial.

Desde el Ministerio de Economía definieron el cambio como un giro de enfoque: el contribuyente pasa a ser considerado cumplidor por defecto. El objetivo central es incentivar la bancarización de ahorros en dólares y pesos para reactivar la economía.

Un cambio de régimen: de sospechoso a contribuyente inocente

La reglamentación, a cargo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), introduce el principio de Inocencia Fiscal. En la práctica, esto limita las denuncias penales automáticas y reduce la presión administrativa sobre contribuyentes considerados de buena fe.

El organismo concentrará los controles en unos 11.000 grandes contribuyentes, que aportan cerca del 80% de la recaudación. El resto del padrón, integrado por unos 10 millones de personas, quedará sujeto a un esquema más flexible.

Además, la norma reduce de cinco a tres años el plazo de prescripción de los delitos de evasión y modifica el régimen de multas.

Nuevo régimen de Ganancias y blanqueo de fondos

Uno de los ejes centrales es el Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias. La adhesión se realiza con un solo trámite digital y el cálculo se basará únicamente en ingresos y egresos. Ya no se computarán gastos ni variaciones patrimoniales.

El sistema estará disponible para personas físicas y sucesiones indivisas con ingresos anuales de hasta $1.000 millones y un patrimonio menor a $10.000 millones. ARCA confeccionará la declaración jurada con la información disponible y liberará al contribuyente de otras obligaciones formales, salvo errores graves.

La reglamentación también habilita la bancarización de fondos no declarados. Hasta $1.000 millones, unos US$ 689.000, no se pagará el impuesto a las Ganancias por esos montos. El esquema busca facilitar la incorporación de ahorros al sistema financiero sin sanciones.

Menos persecución penal y nuevos umbrales de evasión

El régimen penal tributario también sufrió cambios profundos. La evasión simple pasará a ser delito recién a partir de los $100 millones, cuando antes el umbral era de $1,5 millones. En el caso de la evasión agravada, el monto mínimo se eleva de $15 millones a $1.000 millones.

La nueva normativa permite extinguir la acción penal mediante el pago de la deuda, los intereses y una multa. Si la causa ya fue iniciada, el contribuyente podrá cerrarla pagando el total adeudado más un adicional del 50%, siempre que lo haga dentro de los 30 días. Este beneficio solo podrá utilizarse una vez por persona o empresa.

Según los considerandos oficiales, la ley busca dejar atrás un sistema que empujó a amplios sectores a la informalidad. Con la Inocencia Fiscal, el Estado redefine su relación con los contribuyentes y limita el uso de herramientas penales a los casos de evasión grave y deliberada.