Buenos Aires – El 23 de abril de 2024, cientos de miles de personas salieron a las calles en todo el país para defender la universidad pública frente a un ajuste presupuestario sin precedentes. La Marcha Federal Universitaria, convocada por estudiantes, docentes, no docentes, investigadores y familias, se convirtió en una de las manifestaciones más multitudinarias desde el retorno de la democracia. Un año después, el sistema universitario nacional aún enfrenta graves desafíos estructurales y financieros.
El ajuste y su impacto
El conflicto comenzó con el congelamiento del presupuesto destinado al funcionamiento de las universidades nacionales. Sin fondos suficientes para afrontar gastos básicos —como servicios, insumos y salarios—, la continuidad del sistema estaba en riesgo. A esto se sumó la paralización de obras, la suspensión de becas y el retroceso de la inversión en ciencia y tecnología.
El gobierno de Javier Milei no solo recortó recursos, sino que también impulsó una campaña discursiva orientada a desacreditar a la universidad pública. A través de declaraciones oficiales y operaciones mediáticas, se cuestionó la legitimidad de las casas de estudio, se atacó la autonomía universitaria y se estigmatizó a estudiantes y docentes, acusándolos de formar parte de una estructura clientelar.
Una reacción masiva
Ante ese panorama, la sociedad reaccionó. La presión social obligó al Gobierno a sentarse a negociar, y se acordó una actualización parcial del presupuesto —un 270% de aumento que no llegó a cubrir la inflación acumulada—, lo cual permitió mantener en funcionamiento a las universidades, aunque con severas limitaciones.
El 23 de abril quedó en la memoria colectiva como una jornada de unidad y movilización intergeneracional, donde la educación superior fue defendida por quienes la viven día a día y por quienes la consideran una pieza clave del futuro argentino.
Un presente incierto
Sin embargo, a doce meses de aquella movilización, el panorama sigue siendo complejo. El poder adquisitivo de los salarios docentes cayó más de un 50% en términos reales, empujando a muchos profesionales a abandonar sus cargos o a buscar mejores condiciones en el exterior. El sistema científico nacional continúa desfinanciado, y este año se confirmó la eliminación de becas para estudiantes que investigan. Los fondos para programas de extensión y desarrollo tecnológico tampoco han sido actualizados.
Lejos de haber sido resuelto, el conflicto permanece latente. Las universidades funcionan, pero lo hacen con recursos mínimos y bajo una presión creciente. Mientras tanto, crece la preocupación por el futuro del sistema y por el lugar que ocupará la educación pública en el proyecto de país.
Un símbolo de resistencia
La marcha del 2024 no fue una protesta aislada. Fue un símbolo del valor que la sociedad argentina le asigna a la educación como herramienta de equidad, desarrollo y democracia. Y fue también una advertencia: la universidad pública no es negociable.
A un año de aquella jornada, persiste la necesidad de sostener ese compromiso en el tiempo. Porque la defensa de la universidad no puede limitarse a una fecha. Debe ser una práctica constante, una convicción política y una responsabilidad social.
