La minuciosa operación encontró unos 40 millones de pesos en deudas procedentes, incluso, de naves cuyo valor de mercado asciende a un millón de dólares.
Empleados de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) efectuaron un operativo en San Fernando para revisar embarcaciones deportivas de contribuyentes que evaden el pago de impuestos.
ARBA identificó casi 600 embarcaciones con deuda y otras 65 no registradas y realizó las intimaciones pertinentes para que los dueños regularicen la situación. Los morosos suman
40 millones de pesos en total por concepto de Impuesto a las Embarcaciones Deportivas.
“En la provincia de Buenos Aires hay 54 mil embarcaciones deportivas y el 54 % de ellas registra algún tipo de incumplimiento, ya sea por deudas impositivas u otras irregularidades. A eso hay que sumarle otro universo con las que directamente no están registradas, porque sus propietarios no las dieron de alta. Ahí está la mayor evasión”, puntualizó el director del organismo, Cristian Girard.
La tarea conjunta de los organismos de recaudación sobre amarres y guarderías náuticas se basa en cruces de información, que se realizan previamente, y el análisis de las declaraciones juradas informativas que deben presentar los embarcaderos.
Girard resaltó que “se trata de bienes de lujo, a tal punto que nueve de las embarcaciones sin declarar que encontramos en San Fernando tienen un valor de mercado en torno al millón de dólares, y están evadiendo completamente el tributo provincial y también Bienes Personales a nivel nacional. Otras siete, de similares características, si bien habían sido declaradas, registraban deudas de más de 500 mil pesos, y en algún caso de más de 1 millón por el Impuesto a las Embarcaciones Deportivas”.
Según informaron desde los organismos, los controles sobre el sector náutico y otros segmentos de altos ingresos seguirán durante todo el verano, en particular, en la zona norte bonaerense y ciertos municipios de la costa atlántica. Además fiscalizarán los consorcios que administran las guarderías, para detectar inconsistencias tributarias y el cumplimiento de su obligación como agentes de información del fisco.
