La mayoría de los piqueteros imputados en la causa por la presunta extorsión de dirigentes sociales contra los sectores más pobres de Argentina cobran un plan social por parte del Estado Nacional.

Son 19 de los 28 acusados que pertenecen al Polo Obrero, Barrios de Pie y el FOL (Frente de Organizaciones en Lucha). Los datos surgen del llamado a indagatoria, allanamientos y pedidos de detención que el fiscal federal Gerardo Pollicita le realizó al juez Sebastián Casanello. Ante una consulta de este medio, la Ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, anticipó que “los vamos a dar de baja de inmediato”.

Uno de los principales involucrados en el expediente, Jeremías Cantero, integrante de la conducción nacional del Polo Obrero, fue funcionario del ex Ministerio de Desarrollo Social.

Cantero, mano derecha de Belliboni, ocupó el séptimo lugar entre los diputados nacionales de la lista 502 del Frente de Izquierda y Trabajadores Unidad del 23 de octubre pasado.

Según los registros de la ANSES, Cantero ingresó a la Secretaría Nacional de Niñez en enero de 2020 y continuó cobrando del Estado hasta el mes de abril de 2024, es decir, hasta ocho meses antes que el Gobierno de Alberto Fernández dejara el poder en manos de La Libertad Avanza.

En los últimos seis meses, sus honorarios oscilaron entre los $535.122 y los $852.946. Según esa misma documentación, la fluctuación de los importes se debieron la las “horas extras” que realizaba el piquetero acusado por el fiscal Pollicita estar en “un escalón superior a los referentes de cada comedor”. En el expediente se afirma que el ex funcionario “coordinaba el funcionamiento de varios comedores en la Ciudad de Buenos Aires e intervenía desde esa posición en la toma de decisiones acerca de las exigencias coactivas y extorsivas a las víctimas”.

En la causa judicial 4489/2023 se relata que Cantero mantiene una conversación telefónica con Gianna Puppo, otra referente del Polo Obrero a quien le dice: “Hay que hacer un esfuerzo para tratar de recaudar un poco más, si ellos ya hacen un pequeño esfuerzo, que cada uno aporta más del 2%, no me acuerdo exactamente cuánto es, pero cada uno hace un aporte mayor por el alquiler. Bueno, eso lo seguimos sosteniendo. Ahora, el esfuerzo mayor ¿sería aumentar eso?”.

El 15 de junio de 2022, Belliboni le reconoció a Infobae que la organización les retiene el 2% de los de los que cada uno de los 60 mil beneficiarios del Potenciar Trabajo que militan en las filas de esa organización de izquierda.

Según las palabras del líder del PO, ese cobro “no es compulsivo” sino que es “un aporte voluntario de los ingresos votado en las asambleas”. El fiscal opina distinto.

“Imputados beneficiarios de planes sociales”, es el título de los cuadros elaborados por el fiscal. En cada uno de los casilleros, Pollicita describe que programa cobraba, todos eran beneficiarios del Potenciar Trabajo, cuando fue el último “cobro”, la mayoría entre enero y febrero pasado, la causa se inició en el segundo mes del año, y el monto que recibían. Todos $78 mil, que era el haber de ese momento, y que correspondía al 50% del Salario Mínimo Vital y Móvil.

Además, alguno de ellos percibían “adicionales” como Plan Nexo que recibían los beneficiarios por prestar servicios por más de 4 horas diarias o a través del “monotributo social”. En febrero alguno de ellos cobraba casi $200 mil, una cifra ligeramente superior al Salaria Mínimo Vital y Móvil que en febrero era de $156 mil.

Los imputados que cobraban beneficios por parte del Estado, por vivir en un supuesto estado de vulnerabilidad, igual que sus víctimas eran: Gustavo Guillermo Vásquez, Gianna Puppo, María Cecilia Cowper, Dina Patricia Iramain, Cynthia Delgado Vilches, Leslie Salirrosas Castillo, Damaris Erika Villafuerte, Gloria Paraguay Estrada, Rosmery Grande Arancibia, Elizabeth Mamani, Ada Mabel Vera Peralta, Nery Acha Daza, Leticia Maribel Duarte Romero, Gloria Santa Jaramillo Morales, Blanca Beatriz Chuquimia Traquino, Lucca Philippe Quispe Rashuaman, Brisa Noelia Paucara Choque y Ronald Vargas Rocabado.

Que los imputados perteneciera solo a las organizaciones del Polo Obrero, FOL y Barrios de Pie, no es de extrañar. El ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, había habilitado la Línea 134 días antes al 20 de diciembre de 2023 para quienes se sientan presionados por los dirigentes sociales para asistir a la marcha contra el Gobierno de Javier Milei, que había asumido diez días antes. La protesta, frente a la Casa Rosada, había sido convocada por la Unidad Piquetera, pero también participaron algunas columnas de Barrios de Pie, la organización que a nivel nacional coordina Daniel Menéndez, ex funcionario de la cartera social de la nación y actual subsecretario de Economía Popular en el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Andrés “Cuervo” Larroque.

Hasta el día de la marcha, se recibieron 13.310 llamadas, de las cuales pudieron atenderse un total de 2.720 y, de entre ellas, fueron denunciadas ante la fiscalía de Pollicita “por cumplir con los parámetros de verosimilitud de tipicidad un total de 924″. De esas denuncias, 45 casos de hechos habían ocurrido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es decir, correspondían a la jurisdicción de Pollicita. De ese hilo se comenzó a tirar y en base a los relatos de los testigos que declararon ante la fiscalía federal y las escuchas telefónicas autorizadas por el juez Ercolini, surgió la causa judicial que produjo una verdadera conmoción política. Según palabras de la ministra Pettovello, “esto es la punta del iceberg, la gente se está animando a hablar y denunciar porque damos señales claras de querer cambiar las cosas y combatir la corrupción”.