Ambas decisiones fueron tomadas por los jueces de la Sala I de la Cámara de Casación Penal Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, que además mandaron a juicio a Máximo Kirchner en el caso de lavado de dinero y sobreseyeron a Florencia Kirchner. El eje de la acusación en esta causa es que los Kirchner recibieron en sus empresas presuntos retornos de los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López, en compensación por los negocios que hicieron al amparo del Estado.
A raíz de estos negocios, Báez ya fue condenado por lavado de dinero a 10 años de prisión, en un fallo que ratificó la Casación, conocido como “La ruta del dinero K”. Y fue condenado a su vez junto con Cristina Kirchner en el caso Vialidad, en el cual se determinó que durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner fue favorecido con las obras públicas santacruceñas que lo hicieron millonario. El empresario Cristóbal López, en cambio, fue absuelto en el caso de Oil Combustibles, donde se debatió cómo obtuvo varios planes de pagos beneficios de la AFIP, cuando el mismo tiempo no tributaba millones del impuesto a los combustibles. A diferencia de López, Ricardo Echegaray, extitular del ente recaudador, fue condenado a cuatro años de cárcel.
Tras la decisión de la Casación, en el caso del Memorándum con Irán ahora serán juzgados el actual procurador del Tesoro Carlos Zannini, el senador Oscar Parrilli, el dirigente de La Cámpora y ministro bonaerense Andrés Larroque y el viceministro de Justicia Juan Martín Mena, entre otros. La denuncia que llevó ahora a este juicio fue realizada en 2015 por el fiscal Alberto Nisman, días antes de morir de un tiro en la cabeza, lo que la Justicia considera un asesinato.
Además, los camaristas Petrone y Barroetaveña decidieron apartar a los jueces del tribunal oral que sobreseyó sin juicio oral a la vicepresidenta en el caso Hotesur-Los Sauces, Daniel Obligado y Adrián Grünberg. No así a Adriana Palliotti, que había votado en disidencia.
En el proceso por el pacto con Irán, por su parte, Petrone y Barroetaveña apartaron también a los jueces Obligado, José Michilini y Gabriela López Iñiguez, ya que consideraron que opinaron sobre la prueba y el fondo del caso. En este caso, el fiscal Marcelo Colombo había apelado el sobreseimiento sin juicio, pero su colega ante la Casación, Javier de Luca, desistió de la apelación al entender que no había delito en suscribir un tratado internacional ratificado por el Congreso.
Pero el recurso siguió vivo y se llegó a este fallo porque lo apelaron los querellantes Luis Czyzewski y Mario Averbuch, familiares de las víctimas que murieron en AMIA, con el patrocinio de los abogados Tomás Farini Duggan y Juan José Ávila. Lo mismo hizo la DAIA, representada por su presidente, Jorge Knoblovits.
