El fiscal Diego Luciani solicitó penas de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos a varios funcionarios.

Hoy se conmocionó el mundo informativo, no solo en Argentina sino también en todo el orbe, pues el fiscal de la Causa Vialidad, Diego Luciani, luego de nueve audiencias en las que presentó evidencias contra Cristina Kirchner y otros imputados, concluyó sus alegatos en el juicio oral que investiga el direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz a favor del empresario Lázaro Báez durante los gobiernos kirchneristas.

Al terminar, solicitó doce años de prisión para la actual vicepresidenta, acusada por coautoría de los delitos de asociación ilícita agravada por su calidad de jefa y administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública. “Lázaro Báez era Néstor Kirchner, era Cristina Fernández”, afirmó el fiscal Luciani. Además la sindicó como la responsable del “plan salida”, implementado en el momento en que el kirchnerismo perdió las elecciones, articulado entre Báez y las autoridades nacionales para “limpiar todo” y no dejar rastros del sistema que durante más de una década defraudó al tesoro nacional.

A Julio De Vido, exministro de Planificación Federal, lo acusó de la asociación ilícita. En el cargo se dice que “modificó las partidas presupuestarias en favor de la Dirección Nacional de Vialidad y destinó $ 102.500.000 extra para el pago de obras por convenio”. Se solicitaron contra él diez años de prisión.

Lázaro Báez, empresario patagónico dueño de Austral Construcciones y de otro paquete de empresas beneficiadas con decenas de contratos de obras públicas viales en Santa Cruz, fue declarado organizador de la asociación ilícita. Por eso se solicitaron doce años de prisión.

La historia muestra que, raudamente, se transformó de empleado en el Banco de Santa Cruz a empresario multimillonario bajo el amparo de Néstor Kirchner. “Considerado que el perjuicio al Estado está constituido, no resulta menor 5.321 millones de pesos, aproximadamente 1.000 millones de dólares. La suma debería ser actualizada”, precisó el fiscal Mola.

Durante doce años, José López se encargó de la Secretaría de Obras Públicas. Según los fiscales, reportaba a Cristina Kirchner por obras en Santa Cruz y mantenía un vínculo estrecho con Lázaro Báez. Se le solicitó a la Justicia diez años de prisión, el mismo plazo pedido para Nelson Periotti, extitular de Vialidad Nacional durante los tres gobiernos kirchneristas y encargado de los llamados de licitación en Santa Cruz o la firma de convenios con Santa Cruz.

Mauricio Colalleda, jefe de Distrito N°23 Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad, modificó, de modo inconsulto, condiciones de contratación, montos y plazos de obras. Por ende se lo considera coautor del delito de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública. Por ello se solicitó seis años tras las rejas.

Juan Carlos Villafañe, jefe de Vialidad Provincial, aceleró las licitaciones que favorecían a Lázaro Báez, al punto que promediaban 28 días siendo que el tiempo de las otras promediaba los 150 días. Se solicitó para él seis años de prisión.

El fiscal pidió para Raúl Pavesi cinco años de cárcel. También fue titular de Vialidad Provincial e intervino directamente en la adjudicación de obras viales a Báez, por ejemplo, avalando la firma de contratos sin fecha.

Los mismos cinco años se pidieron para Raúl Daruich, uno de los responsables del Distrito N°23 Santa Cruz, que tramitaba los procesos licitatorios y le dio un cargo informal a Miguel Salazar, empleado de Lázaro Báez, con un papel central en Vialidad provincial.

Los demás imputados son Abel Fatala: tres años de prisión, por su estrecho vínculo con el matrimonio Kirchner mientras fue subsecretario de Obras Públicas, en la misma Secretaría que conducía José López y que se encontraba bajo el mando de Julio De Vido; Jorge Santibáñez: cuatro años de prisión para el presidente del directorio de Vialidad provincia que intervino en los actos administrativos correspondientes de, al menos, 20 obras, y autorizó incrementos de montos en contratos de obras ad referéndum incluso en casos donde el plazo había sido excedido; Héctor Garro: tres años, pues antes de ser presidente de Vialidad Provincial ya había tenido participación en actos administrativos que resultaron favorables a Lázaro Báez, llamando a licitaciones ad referendum, hecho prohibido.

A Carlos Kirchner le cayó el pedido por dos años de prisión por administración fraudulenta, pero fue absuelto del cargo de asociación ilícita. El exsubsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal y primo del expresidente Néstor Kirchner “no llevó adelante los controles sobre Lázaro Báez que debía llevar”, según expresó Luciani. Además agregó que “a excepción de Lázaro Báez, quien tiene relación con la causa por ser empresario, se va a solicitar la imposibilidad de ocupar cargos públicos” para los demás acusados.