En medio del volcánico escenario en que quedó la relación del Gobierno y la Corte Suprema tras el fallo que avaló la presencialidad en las escuelas en la Ciudad de Buenos Aires, la vicepresidenta Cristina Kirchner reclamó que la causa “dólar futuro”, en donde ya fue sobreseída, no llegue en apelación al máximo tribunal de Justicia, indicaron a Infobae fuente judiciales.

La Cámara Federal de Casación Penal acaba de cerrar la causa a pedido de Cristina Kirchner, el gobernador Axel Kicillof y el director el Banco Central Miguel Angel Pesce, entre otros. Fue determinante un peritaje que no se había hecho durante la instrucción y que determinó que los balances de 2015 y 2016 de esa entidad no arrojaron pérdidas y por lo tanto no habría habido perjuicio al Estado.

El fallo dictado por los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Ana María Figueroa dispuso el sobreseimiento de todos los acusados en la causa por inexistencia de delito y dejó así la causa herida de muerte. En ese fallo, los magistrados aseguraron que las cuestiones de política económica no son judiciables. También hablaron de la inexistencia de perjuicio y el cumplimiento de las normas de la carta orgánica

Pero el fiscal ante Casación Raúl Pleé presentó un recurso extraordinario para llegar a la Corte Suprema y que el máximo tribunal revoque el fallo de Casación. Sostuvo que “la pericia no es exclusiva prueba ni excluyente del resto de las pruebas” e insistió en que el caso debe ir a juicio oral.

Casación le corrió vista a las partes del escrito de Pleé. Y en ese contexto el abogado Carlos Beraldi, que representa a la vicepresidenta, pidió que no se habilite el recurso porque lo considera “inadmisible e improcedente”.

Recordó además cuál fue el trato que recibió la defensa de Cristina Kirchner cuando presentó planteos similares. Es que, según sostuvo, cada vez que la defensa planteó cuestiones de gravedad institucional porque apuntaban a una ex presidenta, el propio Ministerio Público rechazó los argumentos.

Según el escrito al que accedió Infobae, Beraldi repasó que Pleé alega que su planteo “suscita cuestión federal bastante toda vez que se ha puesto en cuestión la recta inteligencia del art. 18, inc. a, de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, texto según ley 26.739 (B.O. 28/03/2012), y la resolución fue contraria a la interpretación dada por esta parte, que sustentaba la hipótesis acusatoria del Ministerio Público Fiscal “. También alegó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha considerado procedentes recursos extraordinarios federales por la mencionada causal cuando se encontraba en cuestión la interpretación de de la Carta Orgánica.

Beraldi afirmó también que “el fundamento invocado por el Sr. Fiscal General es equivocado, toda vez que el fondo de la controversia suscitada no se vincula con la interpretación de la norma federal” sino “con supuestos vicios procesales y cuestiones de hecho y prueba atinentes a los tipos penales referenciados en el requerimiento de elevación a juicio, los cuales constituyen normas de derecho común”.

“Más allá de las alegaciones efectuadas por el Dr. Plée, lo cierto es que de la propia lectura del recurso surge que la impugnación no se basa en una posible exégesis errónea o arbitraria del art. 18 inc. “a” de la Carta Orgánica del Banco Central, sino en una discrepancia sobre el trámite procesal arbitrado por el Tribunal (posibilidad o no de disponer el sobreseimiento de los imputados en este estadio de la causa) y en una disconformidad con la valoración probatoria efectuada” por Casación, aseguró.

Habló de los argumento “efectistas” del Ministerio Público en donde, por ejemplo, » se alega que se habría dado un valor prioritario a las conclusiones del peritaje ordenado en autos sin tener en cuenta las declaraciones testimoniales recogidas en la etapa de instrucción, planteo que, va de suyo, no suscita una cuestión federal” . Así las cosas, aseguró que no estarían dadas las condiciones para que llegue a la Corte “más allá del esfuerzo argumental efectuado por el Sr. Fiscal General”.

Lo mismo planteó la defensa al hablar de la “falta de refutación de argumentos” y la “ausencia de arbitrariedad”. Y agregó que “un detenido análisis del recurso extraordinario deducido en autos permite advertir que el mismo revela una mera disconformidad con lo resuelto en esta instancia y de ninguna manera logra conmover los sólidos argumentos brindados, por una unanimidad” en el fallo de Casación.

“Sostener lo contrario importaría abrir una nueva instancia ordinaria en los casos en que las partes consideren equivocadas o desacertadas las decisiones de los jueces de la causa, algo que resulta ajeno a la naturaleza del recurso extraordinario. Además, vale la pena recordar que la doctrina de la arbitrariedad resulta de carácter excepcional e impone un criterio sumamente restrictivo a la hora de analizar su procedencia”, dijo.

No es un dato menor que Beraldi integró la comisión de juristas que asesoró el año pasado al presidenta Alberto Fernández sobre las reformas a pensar en la Corte Suprema y sugirió crear un tribunal para las cuestiones de arbitrariedad que llegan al máximo tribunal.

La defensa de CFK también rechazó los argumentos que indicaban que la Corte debía intervenir por una cuestión de “gravedad institucional” porque entre los imputados “se encuentran personas que ocuparon los más altos cargos de la administración pública nacional”.

“El argumento invocado causa perplejidad a mi parte, ya que en distintos procesos seguidos en contra de la Dra. Cristina Fernández de Kirchner invoqué supuestos de gravedad institucional fundados en el rol institucional asumido por mi representada y, de manera sistemática, los representantes del Ministerio Público Fiscal negaron a través de sus dictámenes la concurrencia de tal recaudo”, dijo

“Además -añadió-, en el marco de este mismo proceso mi parte dedujo sendos recursos extraordinarios en los que se invocó una situación de gravedad institucional, los cuales fueron rechazados tanto por la Cámara Federal de Casación Penal como por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ergo, no puede afirmarse ahora que en el sub lite acude un caso de gravedad institucional por la mera circunstancia de que el recurrente sea el representante del Ministerio Público Fiscal. Sostener lo contrario importaría un verdadero contrasentido y daría lugar a un caso claro de arbitrariedad, en el sentido técnico que la Corte Suprema de Justicia de la Nación le ha asignado a dicha expresión”.

Esta causa se abrió con una denuncia de un grupo de diputados del PRO y de la UCR cuando se estaba definiendo quién gobernaría en la Casa Rosada. Allí se sostuvo que entre agosto y noviembre de 2015, el Banco Central vendió contratos a “dólar futuro” a $10,6 y $10,8 por unidad al sector privado para liquidar entre febrero y junio-julio de 2016. Para esa época, el dólar “blue” se cotizaba a 16 pesos. Y el precio de mercado de esos contratos (en Nueva York y otras plazas) era de entre $14 y $15.

A criterio del juez Claudio Bonadio, el Banco Central llegó a tener por esta operatoria contratos abiertos en el ROFEX y el MAE a diciembre de 2015 casi 17 mil millones de dólares. En mayo de 2016, Bonadio procesó a Cristina Kirchner, Axel Kicillof –en su rol de ministro de Economía– y a los entonces responsables del Banco Central. En ese fallo aseguró que la autoridad monetaria reportó quebrantos para su patrimonio por más de 77 mil millones de pesos: la cifra exacta es $77.325.739.338,60. La Cámara Federal confirmó el fallo y la causa se elevó a juicio en mayo de 2017.

Pero a pedido de la defensa de Pesce, a cargo de Andrea Casaux, el TOF 1 ordenó un estudio contable en donde el Cuerpo de Peritos de la Corte estableció que “las operaciones de liquidación de dólar futuro están informadas en los balances del BCRA al 31/12/2015 y 31/12/2016 y en dichos años los balances arrojaron ganancias por $147.116.885.000 en 2015 y $67.448.520.000”, y que no se habían violado las normativas del Banco Central.

Entonces los acusados por el Banco Central pidieron el sobreseimiento. El fiscal se opuso y por dos votos a uno el TOF 1 también. En ese contexto, todas las defensas -CFK y Axel Kicillof incluidos- fueron a Casación. Fue en la audiencia -difundida casi como una cadena nacional- en la que Cristina Kirchner habló de “lawfare” y acusó a la Justicia de haber favorecido a Mauricio Macri: “Ustedes contribuyeron a que ganara Macri y son responsables de lo que pasa en la economía”.

El 13 de abril último, Casación decidió dictar los sobreseimientos y cerrar la causa. El fiscal Plée apeló para que el caso llegue a la Corte. Es por eso el planteo ahora de Cristina Kirchner. Será Casación la que defina si habilita el recurso extraordinario de la fiscalía.

El Gobierno viene de cuestionar abiertamente a la Corte Suprema por el fallo que dictó el martes pasado en la demanda que inició el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta contra el DNU que prohibía las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires. Por cuatro a cero, el máximo tribunal laudó por la posición del funcionario de Juntos por el Cambio. Fernández había hablado de la “decrepitud” hecha sentencia, mientras que la ex mandataria aludió a “un golpe contra las instituciones”. El ministro de Justicia Martín Soria sostuvo que “el fallo de la Corte lleva al límite el funcionamiento institucional” y habló de un “golpe blando” y el viceministro Juan Martin Mena dijo sobre los jueces del máximo tribunal: “estos muchachos están cebados”. “Formen un partido y ganen las elecciones”.