La Fundación Apolo y Lilita Carrió acusaron a Matías Tombolini de involucrar al sindicato liderado por Moyano para controlar los precios siendo un deber de la Secretaría de Comercio.

El acuerdo con el gremio de los camioneros para controlar el abastecimiento no es más que una coerción para cualquier tipo de comercio de la Argentina. La ilegalidad de la situación hizo que la Fundación Apolo, por medio de sus integrantes José Magioncalda, Juan Martín Fazio y José Patiño, realizara una denuncia penal contra Matías Tombolini, secretario de Comercio de la Nación, imputándole incumplimiento de los deberes de funcionario público. La presentación incluye al líder de la Rama Logística del Sindicato de Camioneros, Oscar Borda (foto), y a otros integrantes del gremio, al entender que estarían «usurpando funciones públicas» en el marco de los controles.

Este sindicato, liderado por la familia Moyano, fue erigido como fuerza de control del programa Precios Justos, al facultarle inspecciones a centros de distribución y a grandes proveedores a través de su logística.

«El deber de fiscalizar precios es de la Secretaría de Comercio, no de la mafia sindical», expresa la denuncia. Y añada: «los integrantes del Sindicato de Camioneros que se encuentran realizando junto a la Secretaría de Comercio las actividades de contralor … podrían estar incursos en el delito de usurpación de autoridad», delito que configura «prisión de un mes a un año e inhabilitación especial por doble tiempo».

En un video de la cuenta del sindicato en Instagram se puede se puede ver a Oscar Borda comandando un operativo de control en un centro de distribución de una conocida red de hipermercados. Según el dirigente, los mandó «el compañero Pablo Moyano para darle una mano al secretario de Comercio Matías Tombolini y a todos los compañeros para que los Precios Cuidados lleguen a la casa de todos los argentinos», expresión dicha sin la menor contención de legalidad que la ajuste a derecho.

Pablo Moyano en línea con la irregularidad observada dijo: «Vamos a seguir denunciando el faltante de mercadería para que no haya remarcación de precios. Nuestro gremio fue siempre solidario con el Estado. Aunque a los empresarios les moleste que los trabajadores controlen la economía del país».

Indignada, la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, anunció que también denunció penalmente el accionar del Gobierno de usar piqueteros y camioneros en el control de precios como si fueran «grupos parapoliciales».

«Massa, Tombolini y Fernández están quebrando el estado de derecho incitando a la violencia y creando grupos parapoliciales», amplió la abogada. Según Moyano, el acuerdo con el Gobierno se aplica hace un mes. «Nos reunimos con empresas lácteas, de aguas y gaseosas y ahora con alimentos. El camión transporta todo. Queremos colaborar con el gobierno. Es responsabilidad de nuestra organización que los camiones de polenta lleguen».