La Cámara de Diputados aprobó esta mañana en general por 131 votos a favor el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, mientras que 117 legisladores votaron en contra de la iniciativa y 6 se abstuvieron, tras un extenso debate que se prolongó durante más de 20 horas, mientras manifestantes «verdes» y «celestes» siguieron la sesión durante toda la noche en las inmediaciones del Congreso.

Tras casi 20 horas ininterrumpidas de discursos, la Cámara de Diputados dio por segunda vez su veredicto y aprobó, como lo hizo en 2018, el proyecto de legalización del aborto: 131 votos fueron positivos, 117 negativos y 6 legisladores se abstuvieron.

La diferencia fue aún más amplia que en 2018, cuando la iniciativa se aprobó por apenas cuatro votos, 129 a 125, con una abstención. En esta oportunidad el margen fue de 14 votos, aunque también hubo más abstenciones. 

Ahora todas las miradas recaen sobre el Senado, que hace dos años rechazó la legalización del aborto; la semana próxima arrancará el debate en las comisiones y se estima que antes de fin de año se dará la discusión en el recinto.

Algunas claves del proyecto

El proyecto autoriza la interrupción del embarazo hasta la semana catorce de gestación. Una vez solicitado deberá ser efectuado en el plazo máximo de diez días corridos. Asimismo, se establece que la práctica deberá ser incluida en el Programa Médico Obligatorio (PMO) para garantizar la cobertura integral y gratuita tanto del sector público como de las obras sociales y prepagas.

Antes de solicitar la práctica de un aborto, la persona gestante deberá prestar por escrito su consentimiento informado. A partir de los 16 años podrá hacerlo por sí sola, sin la autorización de un mayor. Para las menores de 13 años, se exige la asistencia de al menos uno de sus progenitores o representante legal.

Respecto de las menores de 16 años, el proyecto original establecía que «se presume que cuentan con aptitud y madurez suficiente para decidir la práctica y prestar el debido consentimiento». Ante algunas críticas que recibió la redacción de este artículo, se acordó incluir un párrafo que indica que «en situaciones de conflicto de intereses con sus representantes legales, puede intervenir con asistencia letrada».

La segunda y más importante modificación que se introdujo en el texto tiene que ver con las obligaciones que tendrán los establecimientos de salud donde todos los profesionales sean objetores de conciencia

En efecto, en el texto se incluyó un nuevo artículo que establece que «aquellos efectores de salud del subsector privado o de la seguridad social que no cuenten con profesionales para realizar la interrupción del embarazo a causa del ejercicio del derecho de objeción de conciencia deberán prever y disponer la derivación a un efector que realice efectivamente la prestación y que sea de similares características al que la persona solicitante de la prestación consultó».

Se aclara que «en todos los casos se debe garantizar la realización de la práctica» y que «las gestiones y costos asociados a la derivación y el traslado quedarán a cargo del efector que realice la derivación».

Con estas modificaciones, los impulsores del proyecto confían en achicar la diferencia en el Senado, que en 2018 lo rechazó. Los senadores comenzarán el debate de la iniciativa el lunes y se espera su tratamiento en el recinto antes de fin de año.