Los fundamentos de su condena incluyen su crecimiento económico y el de su asociado, Lázaro Báez. Aún no está firme la sentencia, pues falta el fallo de la Corte Suprema de Justicia, acusada por el Gobierno Nacional.

El Tribunal Oral Federal 2 consideró que existió un «plan criminal» por parte de la actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, para favorecer al empresario Lázaro Báez con la cesión de obra publica vial en la provincia de Santa Cruz. El juzgado estima que defraudó al estado en casi 65 millones de pesos a través de 51 licitaciones bajo sospecha.

La defensa de la viuda de Néstor Kirchner, y los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, además de los otros acusados, cuentan con diez días hábiles para apelar a la Cámara Federal de Casación Penal. La condena y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos quedan en stand by hasta que el fallo quede firme por resolución de la Corte Suprema de Justicia.

El tribunal indicó que Cristina, entre los años 2003 y 2015, realizó una “extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional». Agregaron que el crecimiento económico exponencial (de Lázaro Baez, beneficiado por estas maniobras reiteradas) se vio directamente asociado con la asignación de obra pública vial en el ámbito de esa jurisdicción».

Para los jueces hay evidencias de «vínculos promiscuos y corruptos entre funcionarios de la administración pública (nacional y provincial) y las empresas contratistas del Estado pertenecientes» y que existió un “interés manifiesto sobre el plan criminal de la por entonces Presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, puesto de relieve a través de su participación en los beneficios económicos -producto del delito- obtenidos por intermedio de múltiples vínculos contractuales y comerciales con Lázaro Antonio Báez en forma concomitante a la ejecución de esta maniobra».

Recordemos que en 2003, cuando asumió la presidencia Néstor Kirchner, Báez era «monotributista» y empleado del Banco de Santa Cruz. Los jueces notaron que fue una «farsa» la defensa de Báez sobre que él era un avezado empresario de la construcción cuando ingresó como Director a la empresa Badial, ya que «no registraba actividad económica» hasta julio de 2003.

El tribunal notó también el crecimiento económico de la señora vicepresidenta justo en la misma época de la defraudación investigada: «empresas comandadas por el sujeto con quien la propia ex Presidenta y su familia realizaban negocios inmobiliarios y hoteleros mientras, en forma simultánea, se ejecutaba la maniobra de defraudación en perjuicio de los fondos públicos nacionales destinados a dichas obras públicas».

«La asociación ilícita atribuida por la acusación, y que en este caso daré por probada, se montó a los fines de apropiarse ilegítimamente de fondos públicos y uno de los métodos implementados fue a través de la obra vial financiada con fondos del Tesoro Nacional y ejecutada en la provincia de Santa Cruz», agregó el juez de manera terminante.