La mayoría oficialista que conforma la Auditoría General de la Nación (AGN) aprobó sin una discusión profunda los 10 contratos de compra de vacunas contra el coronavirus por parte del Estado argentino. Además dispuso que se mantuviera bajo secreto todas las actuaciones de los convenios.
Según las voces opositoras, la maniobra perpetrada por la Auditoría General de la Nación es escandalosa. El Gobierno, sencillamente, se negó a mostrar la letra chica de los acuerdos que suscribió con las compañías farmacéuticas y llegan a 1.737 millones de dólares.
La minoría, los auditores de Juntos por el Cambio, presentaron un dictamen de “rechazo total” al informe del oficialismo, que aprobó el documento sin discutir temas como la elección de los laboratorios, los montos abonados y la entrega de las vacunas.
“La decisión de declarar o transformar en reservada es, a mi juicio, infundada y perjudicial y yo podría citar a un destacadísimo cientista político italiano, Giovanni Sartori, que llama la atención sobre una de las principales promesas de la democracia es la transparencia que está siendo afectada por esta circunstancia”, manifestó el auditor de la oposición Jesús Rodríguez.
Junto con Miguel Ángel Pichetto y Alejandro Nieva, todas voces que se opusieron a la medida antidemocrática y totalitaria, el documento que suscribió el oficialismo “autolimita” el accionar de la AGN, ya que no le permitió realizar un control exhaustivo de los convenios. Así, por ejemplo, no permite saber cuáles fueron las causas por las que se tardó en firmar el contrato con Pfizer o cuál es el contenido de las cláusulas confidenciales que se firmaron.
La oposición quería conocer la letra chica del convenio con AstraZeneca, que tuvo diversos incumplimientos que afectaron la campaña de vacunación en la Argentina. Como el oficialismo blindó el informe, no fue posible.
