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El Gobierno nacional anunciaría una mejora salarial para residentes del Hospital Garrahan y busca contener el conflicto

El Ejecutivo evalúa elevar los sueldos de los residentes a $1.200.000 mensuales, igualando lo que perciben sus pares en hospitales porteños.

En medio de un creciente conflicto laboral en el Hospital Garrahan, el Gobierno nacional anunciaría en los próximos días una recomposición salarial destinada a los médicos residentes. La medida, que elevaría los haberes mensuales de casi $800.000 a $1.200.000, busca igualar los ingresos con los que se pagan en los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires y desactivar las medidas de fuerza que persisten desde hace semanas.

La tensión alcanzó su punto más alto esta semana, cuando desde la administración nacional se deslizó una advertencia: si los residentes mantienen el paro, podrían sufrir descuentos salariales e incluso perder su plaza en la residencia médica. Esta advertencia habría acelerado las negociaciones y promovido la propuesta de establecer una mesa de diálogo quincenal para canalizar los reclamos.

Salario y control: el plan oficial

Desde la Casa Rosada se aseguró que todo ahorro generado por mejoras en la eficiencia del hospital será destinado al personal de salud. También se anticipó un plan para ampliar la capacidad de camas pediátricas, aunque sin detalles presupuestarios concretos.

“El médico no es el enemigo. Su labor es indispensable”, señalaron fuentes oficiales. Al mismo tiempo, afirmaron que se está trabajando para reducir la burocracia interna y desplazar a aquellos que “utilizan el hospital como plataforma política”.

No obstante, el Ejecutivo advirtió que, si persiste el conflicto, se aplicarán sanciones conforme al régimen del empleo público. Se descontarán los días no trabajados y, tras cinco faltas injustificadas, se procederá a la desafectación automática del empleado. En el caso de los residentes, estas ausencias podrían traducirse en la desaprobación o pérdida de la residencia, lo que retrasaría o pondría en riesgo su formación profesional.

El Ministerio de Salud, conducido por Mario Lugones, confirmó además la implementación de un sistema de control biométrico para auditar el presentismo y los horarios del personal.

¿Dónde va el dinero?

Uno de los puntos más críticos del conflicto gira en torno al uso del presupuesto. Los residentes denuncian que, pese a trabajar más de 60 horas semanales, su salario se encuentra estancado en $797.061, lo que ha provocado una fuga de profesionales hacia el sector privado, donde los sueldos pueden duplicar esa cifra.

Desde el Gobierno aseguran que el presupuesto del hospital tuvo un incremento significativo en 2024, pasando de $48.000 millones a $165.000 millones, lo que representa un aumento del 244%. Para 2025, el monto se mantuvo. Sin embargo, no queda claro por qué ese refuerzo presupuestario no se tradujo en una mejora de los ingresos del personal médico.

“Queremos saber a dónde van los fondos. Que quienes trabajan bien estén bien pagos y que los ñoquis se vayan. Los recursos deben destinarse a prestaciones y al personal de salud”, sostuvo un funcionario que negó que se esté evaluando el pago de un bono extraordinario para resolver la crisis actual.

Un obstáculo para el control del presentismo es que muchos médicos complementan sus ingresos con otros trabajos en instituciones privadas, por lo que un control estricto podría tener impacto negativo en la disponibilidad de profesionales.

Datos del personal y tensiones internas

Según el delegado de la Junta Interna de ATE en el hospital, Esteban Argañaraz, el Garrahan cuenta con 3190 trabajadores del área asistencial (médicos, técnicos, auxiliares), 957 empleados de logística y 581 personas en cargos de conducción.

Desde el Gobierno relativizaron las cifras del éxodo profesional, señalando que en lo que va del año sólo se desvincularon 70 trabajadores, y que los reemplazos médicos están garantizados. No ocurre lo mismo, dijeron, con el personal administrativo.

Cabe recordar que en octubre pasado el Gobierno nacional modificó la representación en el Consejo de Administración del hospital, designando a Soraya El Kik como presidenta, y a Jorge Menehem y Roberto Dalmazzo como consejeros. El representante por la Ciudad de Buenos Aires es Oscar Pérez, en virtud del acuerdo de coadministración del hospital (80% Nación, 20% Ciudad).

Tras el dictado de la conciliación obligatoria, los médicos residentes enviaron una nota al Ministerio de Salud solicitando una reunión urgente para discutir la situación salarial y evitar sanciones.

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