La discusión por el aumento de los planes sociales y la mediación entre el Gobierno y los beneficiarios adquiere otros ribetes al presentarse un proyecto de la Coalición Cívica para penalizar los casos de extorsión o de amenazas coactivas a los beneficiarios de los programas por parte de los integrantes de las organizaciones o los funcionarios públicos.
Clarín, en tanto, publicó una nota manifestando que los beneficiarios de planes sociales deben entregar cada mes 500 pesos de los 19 mil de Potenciar Trabajo a punteros políticos y asistir a manifestaciones, como las que encabeza Eduardo Belliboni, del Polo Obrero, organización que cuenta con unos 60 mil planes.
Frente a estas declaraciones, el legislador porteño por el Partido Obrero, Gabriel Solano, manifestó ayer lunes, en un descargo que envió a dicho diario: “Desmiento categóricamente que el Partido Obrero se quede con un solo centavo de los trabajadores desocupados. Por el contrario, coloca todo su principal capital, que es el de su militancia, y los pocos recursos económicos que tenemos para apoyar al movimiento de desocupados, como a todos los movimientos populares del país.
En el Polo Obrero hay un aporte del 2 % de los ingresos de cada persona que cobra un plan. Ese 2 % sirve para financiar lo que el Estado no financia. Por ejemplo, el alquiler de los comedores y merenderos, y el gasto logístico y de transporte de la mercadería. Potenciar Trabajo son $ 19.000, estamos hablando de $ 380”, aseguró el diputado, es decir que un porcentaje de la asistencia se destina a la organización.
¿Por qué una fuerza política distribuye plata del Estado y se queda con un porcentaje de los beneficiarios? Clarín contó que la izquierda recauda así unos 30 millones de pesos por mes. Si lo que dice Solano fuera cierto, el Polo Obrero “cobraría” unos 22.800.000 de pesos mensuales.
La Coalición Cívica propone modificar dos artículos del Código Penal. Al artículo 149 bis, añadirle: “Si para obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad, se hiciere uso de amenazas de quitar, eliminar, suspender o limitar un subsidio, asignación o prestación social, la pena será de prisión o reclusión de cuatro a seis años, e inhabilitación especial por el doble tiempo de la condena si el hecho lo cometiere un funcionario público que abusare de sus funciones”.
Y que el artículo 168 del Código Penal quede redactado: “Si para obligar a entregar, enviar, depositar, transferir o poner a disposición de otro, cosas, dinero o bienes, se hiciere uso de falsa orden o amenazas de quitar, eliminar, suspender o limitar un subsidio, asignación o prestación social, la pena será de prisión o reclusión de seis a doce años e inhabilitación especial por el doble tiempo de la condena si el hecho lo cometiere un funcionario público que abusare de sus funciones”.
Al margen, o no tanto, el Movimiento Evita, al mando del secretario de Economía Social, Emilio Pérsico, recibe más de 300 mil pesos por mes y maneja el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) a través de Alexandre Roig, con un presupuesto anual superior a los 2.500 millones de la moneda argentina.
