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Fallo histórico contra Cristina Kirchner: repercusiones políticas, sociales y judiciales del 11 de junio

La Corte Suprema confirmó la condena por corrupción y habilitó el cumplimiento efectivo de la pena

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó la sentencia que condena a Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por su rol en la causa Vialidad. Se trata de un fallo de gran impacto institucional, que marca un antes y un después en la historia reciente del país.

Cristina Kirchner, condenada: qué sigue ahora

Pese a la ratificación de la condena, el juez Jorge Gorini rechazó el pedido de detención inmediata solicitado por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. La exmandataria tiene cinco días hábiles para presentarse ante la Justicia. Su defensa ya solicitó que la pena se cumpla en su domicilio, en el barrio porteño de Constitución, sin tobillera electrónica, dado que contará con custodia permanente.

Además de la pena de prisión e inhabilitación, el fallo también impone una reparación económica: Cristina Kirchner deberá devolver al Estado nacional una suma estimada en 85.000 millones de pesos, en concepto de la “fenomenal maniobra defraudatoria” detectada durante su gestión.

Un escenario de tensión política y movilización social

La noticia generó reacciones inmediatas desde todos los sectores. Mientras referentes del oficialismo salieron a expresar su apoyo a la expresidenta, dirigentes opositores destacaron la importancia institucional del fallo.

Entre los principales respaldos se contaron los del senador Oscar Parrilli, quien sostuvo que la sentencia «la vuelve a poner en el centro de la escena», y la senadora Juliana Di Tullio, que afirmó que “seguirá conduciendo, no importa dónde la quieran meter presa”. A su vez, el gobernador riojano Ricardo Quintela y el PJ de Formosa calificaron la condena como un acto de persecución política y “gravedad institucional”.

En contrapartida, el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro declaró que «fue justicia, no proscripción», destacando que el fallo reafirma que todos los ciudadanos deben rendir cuentas ante la ley. El senador del PRO Luis Juez opinó que el fallo fortalece la centralidad política de Cristina: “la semana pasada la desafiaban, hoy no le tocan ni con una caña”.

Violencia y tensión en la calle y en los medios

A pocas horas del fallo, militantes kirchneristas comenzaron a concentrarse frente al domicilio de la exmandataria. También se registraron incidentes: un grupo ingresó a las instalaciones del canal TN, dañó autos, incluyendo el del periodista Marcelo Bonelli, e intentó irrumpir en los estudios. El Gobierno calificó el hecho como «un delito cometido por un grupo de vándalos».

Este tipo de manifestaciones se multiplicaron en facultades, organismos partidarios y redes sociales, donde se instaló el mensaje de que se trata de una persecución con fines políticos. Eugenio Zaffaroni, ex juez de la Corte Suprema, declaró que se trató de una condena “sin pruebas” y que se utilizó un patrón de “lawfare” similar al de otros casos regionales.

Repercusiones internacionales y económicas

El fallo también fue reflejado por la prensa internacional. The New York Times tituló: “Un titán político en Argentina es condenado a prisión”. En tanto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su solidaridad con Cristina Kirchner y aseguró que se trata de “un asunto más político”.

Desde Estados Unidos y Wall Street, las primeras reacciones fueron de satisfacción, aunque no faltaron advertencias sobre la necesidad de mantener la estabilidad institucional y evitar una escalada social.

Presencia política y movilización constante

Durante la jornada, se pudo ver a referentes cercanos a Cristina —como Máximo Kirchner, Wado de Pedro y Mayra Mendoza— saliendo del domicilio de la exmandataria, en el barrio de Constitución. La imagen reforzó la narrativa de unidad dentro del kirchnerismo.

Por la noche, la condena fue tema central en la cena del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), que reunió a miembros del gabinete nacional, embajadores y empresarios, reflejando el peso institucional del fallo y su proyección en los debates políticos, jurídicos y económicos del país.

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