El TOC N.º 7 de San Isidro quedó designado para el nuevo juicio, tras la nulidad del proceso anterior. El equipo defensor planea impugnar el reinicio apelando a la figura de “ne bis in idem”.
El proceso judicial por la muerte de Diego Armando Maradona, paralizado desde la anulación del primer juicio oral a raíz del escándalo por el documental de la jueza Julieta Makintach, volvió a ponerse en marcha este jueves. A través de un sorteo por bolillero manual, se definió el nuevo tribunal que se hará cargo del debate: el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N.º 7 de San Isidro, integrado por Alberto Gaig y Alejandro Lago, y completado por Alberto Ortolani, subrogante del TOC N.º 1.
Cómo se definió el tribunal
El sorteo se realizó en una sala pequeña del edificio judicial de Ituzaingó, San Isidro, y contó con la presencia de fiscales, querellantes, defensores y el propio juez Gaig. No se permitió el ingreso de prensa ni público por “cuestiones de espacio”, según indicaron las autoridades. Giannina Maradona, la única familiar del astro que se hizo presente, aguardó fuera de la sala.
El TOC N.º 7, originalmente incompleto, fue uno de los tres posibles órganos sorteables. El tercer lugar se cubrió con la designación de Ortolani como subrogante. La jueza María Coelho, quien forma parte del TOC 7, no fue considerada para el sorteo debido a que ya fue asignada al juicio por jurados contra Gisela Madrid, enfermera también imputada en la causa.
Qué sigue en el proceso judicial
Tras la definición del tribunal, se abre un período de 15 días corridos para que las partes presenten planteos procesales y eventuales recusaciones. Si no se interponen objeciones, el nuevo tribunal fijará fecha para la audiencia del artículo 338, en la cual se debatirán las pruebas, testigos y lineamientos centrales del juicio.
Una vez concluida esa instancia, y si hay acuerdo entre las partes, el tribunal podrá fijar fecha para el inicio del nuevo juicio oral y público.
La estrategia de la defensa: evitar el nuevo juicio
Mientras tanto, los abogados defensores de los siete imputados –entre ellos el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov– preparan una ofensiva jurídica para evitar que el juicio se reinicie. Apelarán a la figura del “ne bis in idem”, principio constitucional que prohíbe que una persona sea juzgada dos veces por el mismo hecho.
No obstante, especialistas en derecho penal señalan que esta figura solo puede aplicarse si hubo un veredicto, lo cual no ocurrió en este caso ya que el juicio anterior fue anulado antes de concluir la etapa de prueba. A pesar de esto, la defensa argumentará que sus representados ya fueron “perseguidos penalmente” una vez, y que el nuevo proceso sería inválido.
El argumento se apoya en el artículo 1 del Código Procesal Penal bonaerense, que establece:
“Nadie podrá ser juzgado por otros jueces que los designados de acuerdo con la Constitución de la Provincia y competentes según sus leyes reglamentarias (…) ni ser perseguido penalmente más de una vez por el mismo hecho”.
Este será el próximo eje de discusión legal que deberá resolver el nuevo tribunal antes de avanzar con el juicio.
