El fallo deja firme la pena y habilita su cumplimiento
La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena a Julio De Vido por su responsabilidad en la tragedia ferroviaria de Once, ocurrida en febrero de 2012.
El ex ministro de Planificación Federal recibió cuatro años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
El fallo deja firme la sentencia y permite que la condena se cumpla.
Qué resolvió la Corte
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron los recursos de la defensa y de la fiscalía.
La defensa pedía la absolución del ex funcionario.
La fiscalía buscaba aumentar la pena.
Con esta resolución, la condena quedó confirmada y lista para ejecutarse.
Qué puede pasar ahora
El Tribunal Oral Federal N° 4, que dictó la sentencia original, debe decidir si ordena su detención.
De Vido tiene 75 años, por lo que podría acceder al arresto domiciliario.
Hasta ahora, nunca estuvo preso en esta causa.
El origen del caso
La tragedia ocurrió el 22 de febrero de 2012.
Un tren del ramal Sarmiento no frenó al llegar a la estación Once y chocó contra el andén.
Murieron 52 personas y 789 resultaron heridas.
El hecho marcó un punto de inflexión en el control estatal del transporte público.
Los antecedentes judiciales
En 2015, el primer juicio condenó al maquinista Marcos Córdoba, a los dueños de Trenes de Buenos Aires (TBA) y a los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi.
En una segunda etapa, el TOF N° 4 halló responsable a De Vido por no controlar el uso de los fondos públicos destinados al sistema ferroviario.
Los planteos de la defensa
En octubre pasado, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó un pedido de prescripción presentado por De Vido.
El ex ministro alegaba que había vencido el plazo para que su condena quedara firme.
El tribunal desestimó el planteo y la Corte Suprema ratificó esa decisión.
Próximos pasos
Con la confirmación del fallo, el Tribunal Oral debe definir cómo se cumplirá la condena.
Los jueces analizarán la edad y el estado de salud del ex funcionario antes de resolver.
La decisión cierra un capítulo clave de la causa Once y reafirma la responsabilidad de los funcionarios en el manejo de fondos públicos.
