El gobierno de Javier Milei ha tomado una decisión histórica e indispensable: la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) ha sido declarada oficialmente una organización terrorista. Esta medida llega en un contexto de devastadores incendios en la Patagonia, particularmente en las provincias de Chubut y Río Negro, que han dejado un rastro de destrucción y sufrimiento en los bosques milenarios de nuestra nación. Ahora, más que nunca, el pueblo argentino exige justicia y una respuesta firme frente a aquellos que atacan nuestra tierra y nuestra soberanía.
La inclusión de la RAM en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) no es solo un acto formal: es una declaración clara de que no podemos seguir permitiendo que grupos criminales, como la RAM, operen con total impunidad. La resolución resalta los ataques incendiarios perpetrados por la organización, que ha dejado huellas de destrucción en la región sur del país, provocando incendios intencionales que han devastado la flora y fauna, y atacando a poblaciones indefensas. Esta violencia no puede ser minimizada. Es un acto de terrorismo que tiene como objetivo sembrar el pánico, debilitarnos como nación y amenazar nuestra integridad territorial.
Facundo Jones Huala, líder de la RAM, no ha ocultado sus intenciones. En una reciente declaración, se jactó públicamente de reivindicar los ataques incendiarios como parte de una lucha contra el sistema capitalista. Con sus palabras, Jones Huala y su grupo han demostrado no solo su desprecio por la ley, sino su total indiferencia por la vida y el bienestar de los argentinos. Esto no es solo un desafío al orden social y a la paz, sino una agresión directa a nuestra soberanía nacional.
El gobierno no se ha quedado de brazos cruzados. La inscripción de la RAM en el RePET es una medida necesaria para cortar el flujo de recursos que pueda estar financiando estas actividades criminales. La resolución del Ministerio de Seguridad deja claro que la amenaza es real y que el crimen organizado vinculado al terrorismo está poniendo en riesgo la seguridad nacional. La RAM no actúa sola; está respaldada por otras organizaciones que comparten sus objetivos violentos y desestabilizadores.
Es urgente que el Estado tome todas las medidas necesarias para erradicar esta amenaza. No basta con declaraciones: es imperativo que se actúe con firmeza para desmantelar estas estructuras criminales y detener a todos los responsables. La impunidad que durante años permitió la ocupación ilegal de tierras y la violencia en la región debe ser erradicada de una vez por todas. Argentina no puede seguir siendo rehén de estos grupos que, bajo el pretexto de una lucha ideológica, llevan a cabo actos criminales que desangran nuestro territorio.
Los incendios en la Patagonia no son solo tragedias ambientales; son una clara muestra de la violencia y el extremismo que están tratando de imponerse en nuestro país. No podemos permitir que continúe el ataque a nuestras tierras, nuestras comunidades y nuestra soberanía. Es hora de que la justicia tome cartas en el asunto, que se detenga a los responsables y que se restauren las normas de convivencia y paz en todo el país.
Este es un momento crucial para Argentina. No solo estamos luchando contra los incendios que destruyen nuestra naturaleza; estamos luchando por nuestra libertad, nuestra paz y nuestro derecho a vivir sin el temor de ser atacados por terroristas que buscan sembrar el caos. La justicia debe ser implacable, y la soberanía nacional debe ser defendida con todas nuestras fuerzas.
Es hora de decir basta.
