Hay medidas del Gobierno Nacional que son, cuanto menos, contradictorias con sus dichos. Expresar “queremos una Argentina que avance defendiendo el trabajo” o utilizar el lema “primero la gente” y, al mismo tiempo, forzar a que las empresas se queden sin stock y, por tanto, sin trabajo y, por consiguiente, deban dejar en la calle a sus empleados y obreros, es una muestra de este doble discurso.
Las restricciones impuestas por el Banco Central (BCRA) a fines de junio para el acceso a los dólares oficiales destinados a la importación empezaron afectar a las fábricas. Muchísimas empresas se están quedando sin stocks, no pueden girar dinero al exterior y tampoco obtienen financiamiento a 180 días, otra de las utopías propuestas por el Ejecutivo.
La Unión de Industriales Argentinos ya le informó a las autoridades del organismo monetario y de la cartera productiva que existen casos críticos, que ya decidieron adelantar vacaciones ante la falta de insumos para continuar produciendo. Son parte de un extenso informe surgido de un relevamiento al que contestaron unas 500 empresas.
Tres casos son los críticos y más de cien tendrán complicaciones en dos a tres semanas. Y ni qué decir de los centenares de Pymes perjudicados por la medida. Entre las fábricas más complicadas se destacan Coama Sud América, maderera oriunda de Misiones que produce tableros de madera contrachapada. Para la fabricación, la empresa necesita adquirir fenol para elaborar resina fenólica, cuya producción solo alcanza para abastecer el 40 % del mercado.
Una autopartista mediana dejó de producir porque “no puede pagar insumos, los proveedores no le aceptan el plazo de financiación de 180 días, le dejaron de entregar, y se le terminó el stock”, explican en el sector. Por eso, adelantan tres meses las vacaciones y, si el Gobierno, no revé su postura, tendrán que continuar con las suspensiones. Comenzaron las gestiones ante el BCRA y Desarrollo Productivo y, según fuentes oficiales y del sector, se está gestionando un crédito con el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) para que la firma pueda seguir importando.
Otra de las empresas muy afectadas es la metalúrgica Alpen, socia de la Asociación de Industriales Metalúrgicos (Adimra), y productora de bulones y tornillos. Ya habría decidido frenar parcialmente su producción por falta de insumos. La tercera es una autopartista mediana del mercado de reposición que no puede pagar insumos, los proveedores no le aceptan el plazo de financiación de 180 días, le dejaron de entregar, y se le terminó el stock.
“Mi misión es que no paren las fábricas. Por ende, no sólo estamos tramitando caso por caso, con reuniones técnicas con Producción y el BCRA, sino también contribuyendo en estas gestiones hechas con Brasil para habilitar el sistema de pagos en moneda local que aliviaría una parte de la presión”, afirmó el presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja.
Fuentes de la entidad explicaron que hoy hay dos inconvenientes: las empresas que tienen cupo para que les autoricen el acceso al mercado libre de cambios y no lo están logrando; los problemas que generó la normativa.
Conseguir crédito en dólares a 180 días no es tarea sencilla para las empresas. Y si lo logran, los costos son muy elevados. Los empresarios ya le transmitieron las quejas al Gobierno sobre la actitud de los bancos e insisten en que pocas entidades ofrecen estos créditos y las que acceden exigen un costo muy alto. Además, imponen una “cláusula bonex”, que garantiza que si el BCRA no tiene los dólares en seis meses, la empresa debe entregarle al banco los pesos suficiente para adquirir esos títulos que luego serán liquidados contra divisas.
El impacto sobre las pequeñas y medianas empresas es aún mayor, pues los bancos hacen oídos sordos a sus pedidos, además de que les resulta totalmente imposible hacer frente a tasas de préstamo desmesuradas. En este tema, los que quedarán sin trabajo, sin dinero, sin que alcance la plata para enfrentar la galopante inflación serán “primero la gente”.
