En un giro significativo en la política pública sobre identidad de género, el vocero del gobierno, Manuel Adorni, ha anunciado que se modificará la Ley N° 26.743 (Ley de Identidad de Género), una legislación que hasta ahora permitía que menores de 18 años pudieran iniciar procesos hormonales y cirugías de reasignación sexual. La modificación propuesta plantea retrasar la edad mínima para estos procedimientos de los 16 a los 18 años y también propone que las personas detenidas en cárceles sean alojadas según el sexo registrado al momento del delito.
La modificación de la ley no es solo una corrección prudente, sino una medida que se basa en una preocupación legítima sobre la capacidad de los menores de edad para tomar decisiones tan trascendentales y de impacto irreversible como lo son los tratamientos hormonales y las cirugías de reasignación sexual. Aunque algunos defensores de la legislación vigente sostienen que los menores tienen el derecho de decidir sobre sus cuerpos, la realidad es que la madurez cognitiva de un joven de 16 años no está suficientemente desarrollada como para tomar decisiones que alteren permanentemente su biología y su salud.
El riesgo de decisiones apresuradas, sin la debida comprensión de las consecuencias a largo plazo, es demasiado alto. Esta medida, aunque contestada por ciertos sectores, asegura que los menores de edad puedan tener el tiempo necesario para reflexionar, con el acompañamiento adecuado, sobre el impacto de estos procedimientos en sus vidas. Es importante resaltar que, aunque algunos reclaman que esta restricción no tiene respaldo científico, la realidad es que las decisiones médicas en este campo deben basarse en la mejor evidencia disponible, priorizando la salud y el bienestar de los individuos a largo plazo.
En lo que respecta a la ubicación de los detenidos en las cárceles, la decisión del gobierno de alojar a las personas según el sexo registrado al momento del delito tiene una justificación de peso: garantizar la seguridad de las mujeres detenidas. Es un principio fundamental que las políticas públicas se orienten a proteger a los sectores más vulnerables, en este caso, las mujeres que están privadas de libertad. La inclusión de personas con una identidad de género modificada, tras haber cometido delitos violentos o sexuales, podría comprometer la seguridad de las mujeres, un tema que no puede ser ignorado en favor de una ideología de género.
Aunque el número de personas trans que han solicitado traslado por identidad de género en cárceles federales es mínimo, no se puede minimizar el hecho de que, en situaciones donde esto se dé, las consecuencias pueden ser graves. En un contexto de creciente conciencia sobre los derechos de las mujeres y la necesidad de protegerlas en todos los ámbitos, el gobierno ha actuado con responsabilidad, priorizando la seguridad de las mujeres en lugar de ceder a presiones ideológicas que ignoran las realidades más básicas de la violencia de género.
El gobierno no solo ha tomado estas decisiones en función de la seguridad, sino también por una razón muy práctica: el respeto a los límites de los recursos públicos. El compromiso con el bienestar de los ciudadanos no puede ni debe implicar un gasto desmesurado en políticas que no responden a las necesidades reales de la sociedad. Los fondos públicos deben ser utilizados para satisfacer las necesidades más urgentes y reales, y no para sostener políticas que se derivan de una ideología que carece de la evidencia y el consenso que justifiquen su aplicación masiva.
El hecho de que los padres puedan apelar a la Justicia en casos donde consideren que la identidad de género de sus hijos está biológicamente errada es una salvaguarda importante. Esto permite que, en casos particulares, se pueda reconsiderar el proceso en función de las circunstancias y el mejor interés del menor, pero siempre bajo la supervisión y orientación de un tribunal, no de una política estatal que obligue a decisiones rápidas y de consecuencias irreversibles.
El gobierno ha propuesto una reforma que no solo es necesaria para proteger a los menores y garantizar la seguridad de las mujeres, sino que también permite un enfoque más racional y sostenible respecto a los gastos públicos. Esta reforma no es un ataque contra la comunidad trans ni contra los derechos individuales, sino una medida que busca asegurar que las decisiones más trascendentales sean tomadas de manera responsable, reflexiva y con el respaldo adecuado de la sociedad y las instituciones.