Inversionistas con fallos por deuda en default piden prioridad sobre el paquete estatal de la petrolera, que Preska ya ordenó entregar a los ganadores del juicio por expropiación. Se abre una nueva disputa legal por el activo más valioso del país en el exterior

El litigio internacional por el control de YPF sumó nuevos protagonistas. Varios fondos de inversión con sentencias firmes contra la Argentina por deuda soberana en default solicitaron a la jueza Loretta Preska, del tribunal del Distrito Sur de Nueva York, tomar posesión del 51% de las acciones de la petrolera estatal, actualmente en manos del Gobierno nacional. El pedido se presentó días después de que la magistrada ordenara entregar ese mismo paquete accionario a los fondos Petersen/Eton y Bainbridge como resarcimiento por la expropiación de la compañía en 2012.

Quiénes son los nuevos reclamantes

Los nuevos demandantes son los fondos Attestor, Trinity, Bybrook, White Hawthorne y Bison Bee, todos acreedores que no participaron en el juicio por la expropiación de YPF, pero que sí poseen fallos favorables por el incumplimiento de bonos soberanos. Según detalló Sebastián Maril, analista de Latam Advisors, estas firmas están reclamando que se les reconozca prioridad de cobro por haber obtenido sentencias anteriores a las de los casos YPF y Bainbridge.

“Beneficiarios de un fallo por deuda en default también piden tomar posesión de las acciones de YPF en manos del Estado. Adicionalmente, solicitan prioridad… ya que sus fallos fueron anteriores”, informó Maril en X (ex Twitter).

El argumento: prioridad por antigüedad de fallo

Los fondos buscan que la jueza Preska dicte una orden “me too”, es decir, una extensión de los efectos de un fallo ya emitido, para sumarse a la ejecución de las acciones de YPF. Argumentan que las sentencias por impagos soberanos que obtuvieron en cortes estadounidenses los autorizan a cobrar con los activos disponibles del Estado argentino en el exterior, entre ellos las acciones estatales de YPF.

En su presentación, los nuevos acreedores remarcaron que la Argentina mantiene en su poder el 51% del capital accionario de la petrolera, y que esos títulos deben considerarse bienes embargables para garantizar el cumplimiento de las sentencias. Además, cuestionaron la prelación de los beneficiarios por expropiación, dado que sus fallos son más recientes.

Una puja por el activo más valioso

El reclamo amenaza con abrir una nueva disputa entre acreedores por uno de los activos más valiosos del Estado argentino fuera del país. La orden de Preska del mes pasado, que instruía la entrega del paquete accionario a los fondos Petersen y Bainbridge, ya había generado fuerte resistencia en el Gobierno argentino, que solicitó su suspensión por considerarla “jurídicamente inaplicable”.

Ahora, con esta nueva presentación, se agrega una controversia sobre el orden de cobro entre fallos: los fondos por deuda en default exigen que sus sentencias, más antiguas, tengan prioridad en la ejecución sobre las acciones.

Latam Advisors destacó este punto en su análisis:

“Lo que hace interesante a esta presentación es que los fallos que exhiben los fondos preceden a las causas Petersen/Eton y Bainbridge. El contexto abre un debate adicional sobre el alcance de futuras ejecuciones”.

Posibles implicancias

Este nuevo frente judicial podría dilatar la ejecución del fallo principal contra la Argentina por la expropiación de YPF. La jueza Preska deberá ahora determinar si los nuevos reclamantes pueden sumarse al reparto del paquete accionario y, en tal caso, en qué orden de prelación. Esto agrega complejidad a un conflicto ya delicado, tanto en lo jurídico como en lo financiero, para el país.

Mientras tanto, el Gobierno argentino continúa intentando frenar el cumplimiento del fallo inicial. La solicitud de suspensión de la sentencia, actualmente bajo análisis judicial, se basa en que la transferencia del 51% de las acciones de YPF resulta impracticable legalmente, además de representar un riesgo para la soberanía energética del país.