Cuatro días después del curioso ataque, se reanudaron las audiencias y comenzó el alegato de las defensas de los trece acusados. Cada uno de ellos tiene tres días para refutar las acusaciones realizadas por la fiscalía.

Aunque la agresión a la vicepresidenta conmocionó al país días atrás, la Justicia no entiende de sentimientos y avanza sobre el pedido de doce años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos que pesa sobre ella, porque sus ocho años de máxima mandataria fueron “una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentablemente y tristemente se hayan desarrollado en el país”, según palabras de la fiscalía.

La defensa de la vicepresidenta hablará en sexto turno, por lo que se prevé que tenga lugar entre finales de mes y principios de octubre.

La Causa Vialidad atiende la supuesta asociación ilícita destinada a defraudar al Estado a través del desvío de fondos públicos que debían ir a infraestructura vial de la provincia de Santa Cruz, cuna del kirchnerismo.

Los imputados señalan que el supuesto delito ya se investigó, pues un expediente similar fue juzgado en Santa Cruz y se archivó sin acusaciones. Esto manifestó ayer lunes el abogado defensor del acusado Héctor Garro, quien dijo también que los fiscales abusaron “de falacias circulares y afirmar cuestiones inexistentes”.

Se desconoce si Cristina hablará en su propia defensa, pero uno de sus argumentos es que no participó de las decisiones sobre las obras públicas provinciales ni sobre las modificaciones de las partidas presupuestarias, que dependen de los jefes de Gabinete. Quienes ocuparon ese cargo durante su presidencia ya negaron haber encontrado irregularidades y rechazaron que ella haya participado en maniobras ilegales. Se trata de Alberto Fernández y Sergio Massa.

El fallo del juicio se conocerá antes de final de año. El resultado de que la viuda de Kirchner sea absuelta o condenada determinará la carrera presidencial de cara a las elecciones de la primavera de 2023.

La encuestadora Opinaia manifestó que “siete de cada diez argentinos creen que Kirchner es culpable” aunque una condena judicial no la llevaría a la cárcel, pues la vicepresidencia le otorga inmunidad de arresto y solo podría salir del cargo si lo indica, precisamente, un juicio político.