El soldado de 21 años que se suicidó en diciembre pasado mientras cumplía guardia en la Quinta de Olivos fue víctima de una red de estafadores que operaba desde cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). La investigación descartó que se tratara de un hecho aislado y confirmó que el joven sufrió una extorsión sostenida en el tiempo.
La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, y la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, dieron a conocer los detalles en una conferencia de prensa. Allí explicaron cómo funcionaba la organización criminal y cuál fue su rol en el desenlace.
La víctima fue identificada como Rodrigo Gómez. Prestaba servicio en el Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín, responsable de la seguridad presidencial en la Residencia de Olivos.
El engaño inicial y la presión económica
El origen del caso se remonta a un contacto que Gómez inició en una aplicación de citas. Creyó haber conocido a una joven llamada “Julieta”, pero el perfil era falso. La banda lo había creado en la app Evermatch para captar víctimas.
Luego de los primeros mensajes, la conversación continuó por WhatsApp. En ese punto comenzó la extorsión. La organización envió un audio en el que una supuesta madre acusaba al soldado de haber contactado a una menor de edad. Más tarde apareció un falso policía, que exigió dinero para evitar una causa judicial.
Según la investigación, Gómez realizó varias transferencias a billeteras virtuales. El monto total alcanzó los $1.400.000. El día previo a su muerte hizo tres pagos en pocas horas, después de una llamada telefónica de diez minutos desde una línea registrada en La Plata.
La carta y el avance de la causa judicial
Las dudas sobre el caso surgieron a partir de la carta de despedida que el soldado dejó antes de morir. En el texto mencionó deudas, problemas legales y extorsiones atribuidas a policías corruptos. Esa referencia llevó a los investigadores a revisar su teléfono celular.
El análisis forense permitió identificar números con los que Gómez había tenido contacto en los días previos. Ninguno tenía vínculo previo con él. Con esa información, la jueza ordenó intervenciones telefónicas y otras medidas de prueba.
Así se estableció que tres internos, detenidos en las cárceles de Magdalena y Lisandro Olmos, lideraban la maniobra desde prisión. Usaban teléfonos celulares para coordinar los contactos, las amenazas y las exigencias de dinero.
Una red organizada que operaba desde prisión
La investigación también derivó en la detención de cuatro mujeres. Según la causa, ellas actuaban como “recaudadoras”. Recibían el dinero que las víctimas transferían bajo presión. En total, siete personas quedaron imputadas por extorsión e instigación al suicidio.
La causa estuvo a cargo de la Justicia Federal de San Isidro, con la participación de la División Homicidios y el Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina. Las autoridades calificaron a la banda como una estructura delictiva organizada y reiterada.
Para la Justicia y el Ministerio de Seguridad, el caso permitió demostrar que la muerte del soldado tuvo un contexto claro. No se trató de un hecho inexplicable, sino del resultado de una extorsión planificada y ejecutada desde el interior del sistema penitenciario.
