A pesar de tratarse de información que cualquier ciudadano debería tener derecho a conocer (ya que sus sueldos se solventan con dinero de los contribuyentes), está lejos de estar accesible para los vecinos que los eligieron.
9 intendentes de los 33 del conurbano se negaron a revelar su sueldo. Todos son del oficialismo. Hay caudillos históricos del peronismo, y también jefes y jefas comunales de otros sectores que integran el Frente de Todos, que no consideran que esa información sea una cuestión básica de transparencia.
Se trata de: Alejo Chornobroff (Avellaneda), Juan José Mussi (Berazategui), Mario Secco (Ensenada), Alejandro Granados (Ezeiza), Mauro Santiago García (General Rodríguez), Mariel Fernández (Moreno), Blanca Cantero (Presidente Perón), Mayra Mendoza (Quilmes) y Nicolás Mantegazza (San Vicente), no accedieron a brindar la información solicitada.
EL DECRETO DE ARAMBURU (1958)
Los voceros de varios de ellos se ampararon al responder en la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, un decreto-ley dictado en 1958 durante del gobierno de facto de Eugenio Aramburu. Su artículo 125 determina que la remuneración del intendente no podrá ser inferior a 10 sueldos mínimos municipales. Y, a su vez, fija un máximo de 16 según la cantidad de concejales del distrito. Además, la norma fija que “los presupuestos municipales podrán prever una partida mensual para gastos de representación sin cargo de rendición de cuentas”, que no podrá estar “unificada” al sueldo.
Más allá de que los sueldos mínimos de cada escalafón municipal no son iguales en los diferentes distritos, hay otros ítems que también varían, como la antigüedad, el adicional por título, y si perciben o no gastos de representación.
