Un efectivo de la Policía Bonaerense fue asesinado este domingo a la madrugada en Mar del Plata cuando junto a otro compañero perseguían a un grupo de jóvenes infractores que salían de una fiesta clandestina en la zona sur de la ciudad.
La víctima fue identificada como Diego Rosales, de 30 años, quien se desempeñaba en la Comisaría 5º y había sido alertado del evento ilegal a través del llamado que hizo un vecino al 911.
Al llegar a la intersección de las calles Jorge Newbery y Pesquero Narwal, en el barrio Parque Estrella Maris, los efectivos observaron que un grupo compuesto por 18 jóvenes que salían de esa fiesta agredían con piedras a un taxista.
Según la versión inicial de los hechos, los policías empezaron a perseguir a los jóvenes que buscaron refugio en una casa ubicada en la calle Pesquero Quovadis al 3700 y vieron que uno de ellos se acomodó algo a la altura de la cintura, por lo que estimaron que podía ser un arma.
Rosales y su compañero ingresaron al lugar pero al hacerlo un hombre de 69 años, dueño de la casa, al suponer tal vez que se trataba de un ataque contra los jóvenes o contra su domicilio efectuó un disparo que impactó el cuerpo del uniformado y resultó fatal.
El dueño de la vivienda, identificado como Amílcar Morán, quedó aprehendido por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, aunque por las singulares características en las que ocurrió el hecho podría quedar en libertad en las próximas horas.
A pesar de que el policía fue trasladado de inmediato hasta el Hospital Privado de Comunidad, los médicos solo pudieron constatar el fallecimiento.
La causa es investigada por el fiscal de Mar del Plata Alejandro Pellegrini, quien imputó al hombre por homicidio agravado y los jóvenes demorados – muchos de ellos menores de edad- por no respetar el DNU y violar un domicilio ajeno.
A raíz de la proliferación de fiestas clandestinas en el distrito – los últimos datos oficiales indican que el primer fin de semana de mayo se desarticularon unas 27- el municipio determinó que multarán con hasta 4,3 millones de pesos a sus organizadores y le pidió la justicia “la máxima rigurosidad” para investigar estas contravenciones.
Hasta ahora, la Municipalidad de General Pueyrredón realizaba infracciones bajo la ordenanza que fija sanciones de hasta un millón de pesos para los organizadores de fiestas clandestinas, pero no había adherido a este sistema provincial que permite no solo elevar el monto de las multas, sino a su vez integrar el fondo municipal por infracciones a la normativa COVID-19, que reintegra a los municipios los fondos provenientes del pago de las infracciones.
El viernes, mediante el decreto ad referéndum 0811/2021, firmado por el intendente Guillermo Montenegro y el secretario de Gobierno, Santiago Bonifatti, el municipio adhirió oficialmente al sistema y ya está facultado para aplicar multas de hasta $ 4,3 millones -monto máximo equivalente a 500 salarios de la administración bonaerense- a quienes incumplan las restricciones vigentes.
El intendente explicó que “es necesario que seamos muy estrictos y rigurosos con esto” ya que “los irresponsables deben sentir las consecuencias de semejante acto que pone en riesgo la salud y el trabajo de los marplatenses”.
“Sabemos que la mayoría de los contagios se da en los lugares donde no existen los protocolos. Ponen en riesgo no solo el sistema sanitario de la ciudad sino también el trabajo”, agregó.
Montenegro le pidió a los jueces que utilicen todos los recursos para que avancen estos procesos administrativos sobre las causas iniciadas por la organización de fiestas clandestinas, y paralelamente, recordó que quienes asisten también tendrán consecuencias penales por la violación de artículo 205 del Código Penal.
