En una etapa de la investigación por supuesta “cartelización” de la obra pública vial, que surgió como derivación del “Caso de los Cuadernos” y los supuestos sobornos, el juez federal Julián Ercolini sobreseyó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a exfuncionarios de su Gobierno y a un centenar de empresarios.
El representante de la Justicia manifestó que “no fue posible, a pesar de la profusa investigación llevada a cabo, establecer la responsabilidad de los imputados en los hechos” que se investigaron en esta parte del caso, vinculados a algunos supuestos pagos ilegales mencionados por Ernesto Clarens, el financista arrepentido.
Entre los funcionarios sobreseídos se encuentran, además, el exministro de Planificación Federal Julio De Vido; el exsecretario de Obra Pública José López; el propio Clarens; y empresarios de la construcción, como Juan Chediak, Aldo Roggio, Eduardo Eurnekian, Cristóbal López y Fabián De Sousa. Estos últimos fueron vinculados «sustancialmente» como “propietarios, autoridades o empleados de determinadas empresas cuyo único lazo con la causa, es su mención en algunos de los listados emitidos por los organismos oficiales (de la DNV o la Secretaría de Energía), aunque las empresas no fueron mencionadas en listados, ni anexos; ni por testigos, ni arrepentidos”, puntualizó el juez.
La resolución comprende la parte del expediente que tenía por objetivo indagar sobre la supuesta responsabilidad de distintos empresarios en entregas de dinero al financista Clarens y a López. Anteriormente, la Cámara Federal porteña había revertido la decisión del juez Claudio Bonadío que había procesado a los empresarios y había señalado “que no todos los que aparecían en listados oficiales aportados durante el Gobierno de Mauricio Macri, desde Vialidad Nacional, por ejemplo, eran responsables de los delitos endilgados”.
Según Ercolini, otros fueron desvinculados “porque habrían desempeñado roles de injerencia en las compañías antes o después de los pagos registrados en aquellas listas o no detentaban posición jerárquica alguna; o no se contaba con otra prueba más que el registro de sus comunicaciones mantenidas con alguno de los funcionarios intervinientes en la maniobra o el intermediario. Estas valoraciones actualmente deben mantenerse y las hago propias, ya que no fue posible a pesar de la profusa investigación llevada a cabo, establecer la responsabilidad de los imputados en los hechos referidos en este resolutorio”.
