El Gobierno Nacional no concretó un respaldo político significativo en la búsqueda de apoyo para pedir juicio político contra el presidente de la Corte Suprema. En lugar de unificar a un país destrozado, optó por quebrarlo por el medio, evidentemente con la cabeza puesta en las elecciones que se vienen.

El Frente de Todos, mientras el dólar alcanza picos récord y la pobreza no baja del 43 %, tomó una nueva bandera en procura de juntar votos para las próximas elecciones presidenciales. De otra manera, en el citado marco socioeconómico, no se justifica la pérdida de energías y tiempo que demandó al presidente Alberto Fernández reunir el apoyo de una docena de gobernadores. ¿No sería mucho más trascendente para el país que se juntaran para encontrar cómo salir de la pésima situación que vive la Argentina?

Fernández reunió las firmas de 12 mandatarios: Gustavo Bordet (Entre Ríos), Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Capitanich (Chaco), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Mariano Arcioni (Chubut).

El sanjuanino Sergio Uñac, a pesar de haber estado presente la semana pasada en la movida para cuestionar el fallo de la Corte Suprema, estuvo ausente en la segunda instancia y dejó saber que no estaba de acuerdo con la iniciativa oficial. Obviamente fue denigrado por quienes no permiten el librepensamiento.

Dos firmantes del comunicado con el que el Presidente consideró que el fallo era de “imposible cumplimiento”, el chubutense Mariano Arcioni y el puntano Alberto Rodríguez Saá, no se sumaron inicialmente al acuerdo por la solicitud contra el juez Rosatti. Finalmente, Arcioni, amigo de Sergio Massa, cedió.

Los gobernadores de partidos provinciales: Arabela Carreras, de Río Negro; Omar Gutiérrez, de Neuquén; Gustavo Sáenz (Salta) y Oscar Herrera Ahuad (Misiones), emitieron un comunicado propio, crítico del fallo judicial a favor de la Ciudad de Buenos Aires, pero sin aludir a la posibilidad del cumplimiento.

En definitiva, Fernández, con el apoyo de doce gobernadores, pidió que el Congreso trate el juicio político contra Rosatti y se investigue al resto de los integrantes de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Una medida que, cuando el país necesita que más inversores traigan sus dólares a las vencidas arcas, solo servirá para que nadie decida dar ese paso frente a la ruptura entre dos de los pilares (Ejecutivo y Judicial) que dan seriedad a cualquier nación.