La intendenta de Villa Dolores, Gloria Pereyra, denunció penalmente a su antecesor por supuestas irregularidades en la ejecución de obras públicas. Lo singular es que el denunciado, Juan Pereyra, exdiputado nacional y exintendente de esa ciudad del noroeste cordobés, es también el padre de la actual jefa del municipio.
El viernes pasado radicó la denuncia contra su padre y exintendente en la fiscalía de Lucrecia Zambrana. La presentación irá al Fuero Anticorrupción. En el período que abarca la denuncia ella era jefa de Gabinete del municipio que comandaba su padre.
Gloria Pereyra llegó por primera vez al gobierno municipal en 2015, por el kirchnerismo, después pasó al PRO y más tarde a una fuerza vecinal. Fue reelecta en marzo de 2019, cuando se presentó por el movimiento Todos Somos Villa Dolores, en un comicio en el que Juntos por el Cambio no llevó candidato.
Cuando Gloria Pereyra fue elegida en 2015, el entonces candidato a presidente Daniel Scioli fue a festejar con ella acompañado por quien era jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. En ese misma elección, su padre consiguió una banca en el Congreso de la Nación como diputado. Fue electo por Concertación Forja, una fuerza aliada al entonces Frente para la Victoria. Su mandato venció el año pasado.
En la denuncia, Gloria Pereyra presentó documentación en la que sostendría su presunción de que hubo irregularidades en obras ejecutadas en la última gestión de su padre, apunta en particular a la red cloacal y a una nueva terminal de ómnibus (ambas sin terminarse) y al centro cívico de Villa Dolores. La denuncia coincidió con el lanzamiento de un libro autobiográfico de su padre.
Juan Pereyra es parte del grupo de 92 intendentes y exintendentes procesados hace dos años por el entonces juez Claudio Bonadio como partícipes necesarios de un supuesto fraude en contra de la administración pública a través de un programa de tratamiento de residuos urbanos.
En esa causa estaban procesados los exjefes del gabinete kirchneristas Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Juan Manuel Abal Medina, dado que eran los responsables políticos del manejo del programa. Según el juez, entre todos los acusados cometieron un fraude contra la administración pública entre los años 2013 y 2015 que habría superado los 600 millones de pesos.
