La Policía Federal Argentina inició una serie de allanamientos por el caso de las mujeres que ingresan a dar a luz en nuestro país. Lo hacen para obtener una nacionalidad que les permita ir a vivir a países donde no las admitirían con su ciudadanía.

El Departamento Migraciones del Aeropuerto Internacional de Ezeiza tomó actuación el pasado jueves cuando ingresaron al país seis mujeres rusas con inconsistencias en su documentación. La organización que arma los viajes apeló la resolución y consiguió que la justicia autorizase el ingreso por razones humanitarias.

No son las primeras que entraron ni las últimas. El sábado, el encargado del grupo presentó en Migraciones un pasaporte con «alerta naranja» de Interpol, por lo que se le impidió el paso y se ordenó a la compañía aérea que lo devolviera a Moscú. El pasajero fingió un desmayo para ganar tiempo y que llegara una abogada de la misma organización que judicializó el caso y para lograr que se autorizara el ingreso. Su documento figura como «extraviado» en los archivos policiales internacionales.

Al mismo tiempo, la jueza María Romilda Servini ordenó los allanamientos en Puerto Madero, Buenos Aires, donde residían los presuntos líderes de una banda que, a cambio de grandes sumas de dinero, hace ingresar al país a mujeres rusas con embarazos avanzados para conseguirles documentos falsos.

Según el informe de la Policía Federal actuante, pudieron «identificar la primera línea de esta organización delictiva» que «lucraba con familias rusas de alto poder adquisitivo, quienes para ingresar al país pagaban desde 20.000 a 35.000 dólares». El modus operandii incluía la consecución de un centro de salud para el nacimiento de los bebés, que «se convertían en ciudadanos argentinos y mediante ello gestionaban con documentación apócrifa trámites de radicación y ciudadanía argentina en tiempo récord».

«El nacimiento de sus hijos y obtención de la ciudadanía era con el solo fin de poder emigrar a otros países, como los de Europa o Estados Unidos, ya que el pasaporte ruso no posee la aceptación de ingreso en esos países», dice el comunicado.

El juez federal Luis Armella habilitó el ingreso provisorio al país de las seis mujeres que presentaron recursos de habeas corpus, pero debieron volverse a su país, junto a otras 14 embarazadas rusas. La entrada había sido judicialmente permitida por «el estado de avanzada gravidez, y por razones humanitarias», aunque Armella aclaró que «para entrar a radicarse en el país hay que hacer los trámites correspondientes y no declarar ingreso de turista”.

Otro delito que se investiga es que 22 de los 30 ciudadanos rusos no se encontraban en los domicilios registrados, «observándose mala fe como así también el interés de evadir y evitar cualquier control de algún ente o autoridad».